MÉXICO, D.F. (apro).- Defensores de derechos humanos denunciaron el incumplimiento de promesas de los gobiernos de México y Guatemala para solucionar los problemas que aquejan a indígenas guatemaltecos desplazados en nuestro país desde hace más de un año. Los defensores presentaron un segundo informe de la misión de observación en el Campamento Campesino en Resistencia Nueva Esperanza, en Tenosique, Tabasco, donde se encuentran 185 personas, 90 de ellas menores de edad, en completo abandono. En conferencia de prensa, el guatemalteco Maynor Morales López, narró las vicisitudes de quienes viven en el campamento; y denunció que una niña de un año, hija de una mujer de nombre Perla Escobar, murió por deshidratación ante el incumplimiento de las autoridades mexicanas de dar a los campesinos ayuda humanitaria en tanto se resolvía en su país su situación jurídica. “Entre Guatemala y México nos han tratado como bestias, como perros –acusó el indígena guatemalteco—; el gobierno de Guatemala nos prometió ayudar en octubre de 2011, ofrecieron reubicarnos, hizo unos estudios técnicos, después nos dijo en una mesa de diálogo que no tenía dinero para comprar la finca.” De parte de los guatemaltecos, gobernados por el general Otto Pérez Molina, se ha roto el compromiso de entregar materiales dignos para mantener el campamento. “Nos dieron lonas que ya están rotas, todos los días amanecemos mojados”, añadió. El guatemalteco refugiado recordó que de la comunidad Nueva Esperanza, que estaba en Petén, cada familia tenía 80 hectáreas, pero que una vez que fueron expulsados, sus tierras que eran utilizadas para autoconsumo, están siendo ocupadas por fuerzas militares y policíacas. De los engaños del gobierno mexicano, Morales López dijo que dejó de distribuir agua, en tanto que la Cruz Roja cesó la asistencia médica. Estos faltantes provocaron la muerte de una bebé de un año, por deshidratación, “porque los pozos se secaron y los manantiales (que están del lado guatemalteco) están vigilados por militares “. Desde año que “estamos sufriendo y seguimos en lo mismo”, recordó, sin que se conduelan funcionarios de los dos gobiernos. Agregó que el primer motivo por el que el gobierno guatemalteco decidió echarlos de la zona protegida donde ellos eran los guardianes de ese territorio, fue porque los acusó de ser narcotraficantes y después depredadores ambientales. Los guatemaltecos tuvieron que huir a México ante la amenaza de ser ejecutados por los militares, y en nuestro país el recibimiento no fue mejor. En enero de este año, policías municipales, estatales y del Instituto Nacional de Migración condujeron a algunos de los refugiados a las instalaciones de INM en Villahermosa para repatriarlos. Hasta ahora 45 se encuentran en un albergue en Petén, Guatemala. El sacerdote Tomás González, del albergue “La 72, Hogar Refugio para personas migrantes”, de Tenosique, Tabasco, quien ha estado pendiente de la atención de los refugiados, aseguró que en el último año los riesgos de salud e integridad de los refugiados han empeorado, mientras que sufren “las burlas del gobierno de Guatemala y la traición del mexicano, que el 9 de enero de este año armó un operativo para sacarlos del país cuando se había comprometido a proporcionar ayuda humanitaria”. Para el religioso, los últimos meses de negociaciones han sido disparejos, porque han obligado a los indígenas a “negociar de rodillas, sin ayuda humanitaria y sin alimentación; les dicen que esperen tres meses a que el dueño de la finca regrese para comprarla, pero luego les dicen que no hay dinero; la situación es de mucha carencia e incertidumbre, hay una tristeza colectiva por los engaños”. David Bermudez Jiménez, del Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), y que participó de forma activa en la misión de observación, alertó sobre los actos de intimidación que han sufrido los campesinos guatemaltecos. Dijo que durante la misión de observación, los refugiados guatemaltecos comentaron que han recibido visitas constantes de “kaibiles” que les advierten que se regresen al centro del país, y sobre los riesgos de que las mujeres del campamento sean violadas por soldados desplazados en la frontera. Tales comentarios, apuntó Bermudez, “crean un ambiente de tensión, temor e incertidumbre entre los campesinos”. Alexandra Jiménez, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), puntualizó sobre el daño psicológico que han sufrido los 90 niños y niñas que viven en el campamento, que viven “con temores de acciones violentas contra ellos, así como por la militarización de la frontera y el incumplimiento de promesas”, que ponen en riesgo la vida de los guatemaltecos, entre ellos las 10 mujeres embarazadas que no cuentan con ningún tipo de atención médica. Finalmente, Agniezcka Raczynska, secretaria técnica de la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todas (Red TDT), manifestó su preocupación por los hostigamientos que han recibido los defensores de los refugiados, por lo que exigió a los gobiernos de México y Guatemala garantías para ejercer su labor. La visita de observación fue realizada el 3 de agosto por representantes de La 72, Serapaz, el Centro Prodh, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Escuela de Agricultura Ecológica U Yiits Ka’an y el Equipo Indignación, de Yucatán.