Por "error" de la SRA, despojan a 29 ejidatarios de 30 hectáreas
COLIMA, Col., (apro).- Por un ‘error’ cometido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) en 2002, ejidatarios del municipio de Armería están en riesgo de perder la posesión de un predio de 30 hectáreas en el ejido Luis Echeverría.
Y es que resulta que la SRA excluyó dicha superficie del ejido que hace cuatro años fue reclamado por un particular y el Tribunal Unitario Agrario ordenó la restitución del predio al demandante, denunció el abogado Pablo Aleriano Castañeda.
La sentencia ha puesto en riesgo inminente de desalojo a 29 ejidatarios que tienen posesión del predio denominado “El Volantín”, ubicado en el municipio de Armería, debido a que la SRA lo desconoció, “por error”, como parte de la afectación agraria realizada con base en una resolución presidencial de 1981.
De acuerdo con el abogado Aleriano Castañeda, a pesar del peligro de que se genere un conflicto social con consecuencias lamentables, el delegado dela SRAen Colima, Miguel Jiménez Santa Ana, no ha mostrado sensibilidad para conseguir un arreglo por medio de la conciliación, en el que los campesinos no resulten perjudicados.
Por lo anterior, Aleriano Castañeda responsabilizó al funcionario federal por “el posible enfrentamiento que se avecina a la hora de ejecutar la sentencia”.
Dijo que a pesar de quela SRAhabía entregado a los ejidatarios una dotación de tierras en 1981, de manera indebida excluyó del plano definitivo en 2002 el predio “El Volantín”, con una superficie de 30 hectáreas.
Esa circunstancia fue aprovechada por el particular José Cortés Vargas para la promoción de un juicio de nulidad en el año 2006, que después de varias etapas de revisión fue ganado por él, por lo que las autoridades judiciales ordenaron que se le restituyan las tierras.
Sin embargo, la dirigencia del ejido solicitó que esa sentencia se ejecute en forma conciliada, es decir, que para evitar el desalojo de los actuales posesionarios del terrenola Secretaríadela Reforma Agraria, indemnice al propietario con recursos del programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer).
En ese sentido, el Tribunal Unitario Agrario el 25 de mayo pasado decidió posponer la ejecución de la sentencia con la finalidad de dar tiempo para un posible acuerdo entrela SRAcomo demandada y el particular José Cortés, y citó a una audiencia para el día 21 de agosto en la que podrían acordarse los términos de una posible conciliación.
Según Pablo Aleriano, en la audiencia del martes 21 el delegado dela SRAno hizo nada por llegar a un acuerdo con la parte demandante y, asistido por su asesora jurídica, Karina Beatriz Castañeda García, se pronunció a favor de que se ejecute la sentencia, en contra de los intereses del ejido.
Y en relación con la solicitud del ejido para que se aplique el programa Cosomer, el delegado Miguel Jiménez manifestó que “por el momento la petición que hace el ejido no puede ser atendida hasta agotar las instancias legales”.
A la vez, el apoderado legal del demandante José Cortés, Alfonso Barrera Gines, manifestó, en alusión al Cosomer, que no es de su interés aceptar ingresar a ningún programa como el expuesto durante la audiencia de parte de los ejidatarios, y solicitó al Tribunal, que proceda ordenando la ejecución de la resolución definitiva en todos sus términos.
El abogado del ejido, Aleriano Castañeda, consideró que el delegado dela SRA, como funcionario de la institución que representa y responsable del conflicto, “no debió desestimar nuestra solicitud, ya que es de su competencia y responsabilidad resolver el conflicto en beneficio de los ejidatarios afectados, pero no negarse tal como lo hizo”.
Advirtió que los ejidatarios “están preocupados y temerosos de que el TUA, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario, ordene el desalojo de los campesinos de las tierras que de buena fe han venido poseyendo, que les fueron entregadas por la propia Secretaría dela Reforma Agraria, y que no obstante que el problema se presentó por un error dela Secretaría, dicha institución no los está apoyando en lo más mínimo y las consecuencias las tengan que pagar lo ejidatarios”.