MÉXICO D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) hizo una insólita concesión con los empleados de Estados Unidos emboscados por civiles y elementos de la Policía Federal, al permitirles regresar a su país sin rendir su declaración ministerial sobre el incidente registrado el pasado fin de semana cerca del paraje de Tres Marías. "Ante todo está primero la seguridad de las personas y es importante sobre todo su estado de salud que se privilegia en estos casos, es que ellos estén a salvo, que estén atendidos en el lugar donde ellos consideren que es el más seguro para poder restablecerse de las lesiones que sufrieron y eso para nosotros es vital", argumentó la titular de la PGR, Marisela Morales. Entrevistada al término de un evento en el que estuvo presente el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, la funcionaria agregó: "Primero tienen que estar en condiciones adecuadas de poderlo hacer (de declarar), se hará en su momento una vez que se den las condiciones para ellos y tenemos la plena colaboración del gobierno de Estados Unidos". Morales comentó también que existen varias líneas de investigación, una de ellas la hipótesis de la emboscada, sin embargo, aclaró que será a través del análisis de indicios que se determinarán los hechos. "Se va a hacer incluso una ampliación de la inspección en el lugar para tener toda la evidencia completa y que lleguemos una determinación científica (...) De ser necesario también vamos a solicitar que sean otros aparatos de otros países para que podamos tener toda la potencia", comentó. La procuradora no quiso comentar si los agresores pertenecían a algún grupo criminal o se trata de policías vestidos de civil ni tampoco si los agredidos son agentes de la CIA, como se ha divulgado en algunos medios de comunicación. Por otra parte, la defensa de los federales implicados en el ataque solicitó un amparo en contra del arraigo de 40 días impuesto por un juez especializado. Los litigantes aseguraron que la medida cautelar es inconstitucional, por lo que decidieron buscar la protección de la justicia federal. "Es una violación al procedimiento, el Código de Procedimientos Federales establece que el Ministerio Público tiene 48 horas para determinar la situación jurídica de un detenido, o bien pudiera ampliar el término si se trata de un delito grave, que puede ser el caso, pero ni aun así lo hizo, el MP requiere más tiempo y por eso pidió el arraigo", declaró el abogado Marco Aurelio González. Asimismo, comentó que en las próximas horas promoverá otro un incidente porque sus defendidos permanecen incomunicados. "En la casa de arraigo no nos permiten verlos porque necesitan la orden del MP porque están a disposición de esa autoridad y el juez de distrito ya nos concedió la suspensión de que no tenemos por qué estar incomunicados con nuestros detenidos, más bien están violando la suspensión", precisó.