MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló que en el tema de justicia, el próximo presidente de México, Enrique Peña Nieto, tiene un reto importante, y uno de los factores principales, dijo, será vencer la impunidad. “Que no nos siga sucediendo como hasta ahora, en donde más de 89% de los delitos que se cometen terminan en nada, esto es, en impunidad”, apuntó. En Monterrey, Nuevo León, donde asistió a un curso de capacitación para mil funcionarios del municipio de Guadalupe, el ómbudsman declaró a la agencia EFE que la estrategia de lucha contra la delincuencia organizada deberá ser de plena coordinación entre las dependencias públicas, y el papel de la CNDH, agregó, será el de seguir “señalando los actos de injusticia, impunidad, corrupción, desvío y abuso de poder”. Sobre el tema de los inmigrantes que atraviesan México en su intento por llegar a Estados Unidos, manifestó que tres cuartas partes quedan a merced de la delincuencia organizada. “El flujo de inmigrantes que circulan por el país es de alrededor de 400 mil personas en las estimaciones que tenemos al año, de las cuales se llegan a asegurar (detener) por la autoridad migratoria cerca de 70 mil”, precisó. El ómbudsman añadió que el resto, de 310 mil a 330 mil aproximadamente, son personas que “quedan en manos de la delincuencia o en su caso de los servidores públicos que suelen abusar de ellos”. Comentó que incluso la CNDH ha documentado cómo los mismos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridades municipales y estatales abusan de los inmigrantes en su paso por México buscando llegar a Estados Unidos. Dichas autoridades en muchas ocasiones, añadió, suelen tener algunos vínculos o suelen ser complacientes con la delincuencia. El presidente de la CNDH describió que fruto de esas indagatorias se derivó un convenio entre la CNDH y la Secretaría de Gobernación en el año 2010, para que se aplicaran medidas de prevención de estos abusos. También se generó una nueva ley migratoria que fue publicada en mayo de 2011, pero no se ha aplicado, ya que no ha sido impreso su reglamento, “lo que implica un serio retroceso porque no permite que la ley pueda operar por no estar lista”, aseguró. Comentó que a raíz de la matanza de 72 inmigrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010, se estableció la existencia de una red de traficantes de personas. El ómbudsman calificó a la trata de personas como la “moderna esclavitud”, que ha sido atendida con la reforma de la Constitución mexicana, pero la falta de acciones de las autoridades competentes ha evitado resultados palpables, subrayó. Añadió: “Lo que falta para mostrar resultados es voluntad y que se echen a andar las fiscalías especiales para que se investigue la trata”.