MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La población indígena en México se encuentra rezagada en sus derechos más elementales para sobrevivir, como la salud, vivienda, educación y empleo, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el país hay un abanico de precariedad para los indígenas mexicanos: Sólo 57 de cada 100 tienen acceso a las instituciones o programas de salud del Estado; el 22.6 por ciento de la población hablante de lengua indígena habita en viviendas con piso de tierra; y más de una cuarta parte de la población (27.3%) no sabe leer ni escribir un recado. No sólo eso, de acuerdo al Inegi, las mismas condiciones laborales, como el trabajo en el campo o el pastoreo de animales impiden a los niños indígenas ingresar a la escuela. Al dar a conocer las Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el organismo presidido por Eduardo Sojo recordó que en todo el mundo, “el derecho a la educación --para los indígenas-- se revela como un medio para salir de la exclusión y discriminación a la que han sido expuestos durante años y también como el instrumento mediante el cual se mantienen, disfrutan y respetan las culturas, idiomas, tradiciones y conocimientos”. Sin embargo, en el país una cuarta parte de la población de habla indígena se encuentra imposibilitada de ir a clases ante distintas circunstancias: La primera de ellas está asociada a cuestiones sociales, es decir, las niñas pueden no asistir por cuestiones de prejuicios de género en la familia; le siguen las condiciones económicas, debido a que en algunos casos se privilegia el desarrollo del trabajo en el campo o el pastoreo de animales. Otra parte de niños indígenas tienen problemas de accesibilidad, porque recorren grandes distancias a pie bajo condiciones climáticas muy extremas o en transportes no muy adecuados o con alto costo monetario para las familias, además de que las instalaciones pueden estar en condiciones no adecuadas. De acuerdo con el Inegi, el rezago educativo presente en varias generaciones ha hecho que el promedio de escolaridad de la población hablante de lengua indígena sea bajo, “aspecto que la coloca en desventaja para mejorar sus condiciones de vida”. Pero no todo queda en la educación. Los servicios y programas de salud que brinda el Estado no logran tener la cobertura universal en este segmento de la población. El instituto de estadística señaló que “estos programas resultan de gran trascendencia para la población de escasos recursos y para la población indígena es una alternativa viable ya que la mayoría de éstos muestra fuertes rezagos en materia de salud, sobre todo en desnutrición, mortalidad y morbilidad materna e infantil”. Conforme a datos arrojados por el Censo de Población y Vivienda del 2010, el 57.1% de la población hablante de lengua indígena de 3 años y más es derechohabiente y de éstos, siete de cada diez cuentan con Seguro Popular o para una Nueva Generación. Es decir, poco más la mitad tiene acceso a las instituciones de salud. Las cifras contrastan con la proporción de derechohabientes en la población que no habla lengua indígena es mayor, dado que 65.8% se encuentran afiliados a una institución de salud: 61.4% de éstos son derechohabientes del IMSS o ISSSTE y sólo una tercera parte cuenta con Seguro Popular o para una Nueva Generación. Y si en materia de salud, la situación no es agradable, en materia de vivienda tampoco, pese a las inversiones que hace el gobierno federal al programa “estrella” del gobierno federal: Oportunidades. Las diferencias entre los hogares de la población con habla indígena y de quienes no hablan alguna lengua autóctona, son abismales: Según el Inegi, sólo el 25.5% de la población indígena reside en casas que cuentan con drenaje conectado a la red pública; el 85.6% cuentan con servicio de sanitario; mientras que el 68.8% disponen de agua entubada dentro de la vivienda o fuera de ésta pero dentro del terreno. En contraste, las condiciones en las viviendas donde reside la población no hablante de lengua indígena son mejores. El 74% de esta población reside en viviendas con drenaje conectado a la red pública y el 89.1% ocupa viviendas que tiene agua entubada en su interior. La situación es grave ya que “la disponibilidad de agua entubada, drenaje y sanitario en la vivienda, conforman un conjunto de servicios que disminuyen las condiciones para que la población padezca de enfermedades infecciosas y parasitarias”, precisó el organismo. Por otra parte, las viviendas con piso de tierra en la población indígena ascienden a 22.6%; nivel superior a los hogares de quienes no son indígenas: 5.3 por ciento. Y la precariedad se acentúa en la forma en como los indígenas elaboran y conservan sus alimentos: El 58.8% de las viviendas donde el jefe o cónyuge habla lengua indígena (viviendas indígenas) se cocina con leña o carbón, sólo 48.4% tiene refrigerador, 33.8% cuenta con tinaco y sólo 13.7% con cisterna. Mientras en las viviendas no indígenas sólo 10.3% utiliza la leña o carbón para preparar sus alimentos, 57.1% cuenta con tinaco, 26.9% con cisterna y 85.7% con refrigerador. La desigualdad entre la población indígena y la no indígena se aviva hasta en la alimentación. Según la Organización Mundial de Salud (OMS) anualmente mueren 1.5 millones de personas a raíz de enfermedades respiratorias producidas por el uso de combustibles contaminantes como la madera o el carbón. Así, en México que es reconocido por ser uno de los países que tiene una gran diversidad lingüística, junto con Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, Camerún, Australia, Zaire y Brasil; los indígenas sobreviven en condiciones míseras. Estos escenarios se multiplican en entidades federativas como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Quintana Roo, Michoacán y hasta el Distrito Federal.