Defensa de derechos humanos, "sin precedente", aseguran

sábado, 1 de septiembre de 2012
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Cuestionado por organizaciones nacionales e internacionales, objeto de recomendaciones de relatores de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Felipe Calderón concluyó su último informe con la siguiente aseveración: “las acciones para la promoción y defensa de los derechos humanos realizados durante esta administración no tiene precedente”. Con más de 6 mil quejas de la Comisión Nacional de Derechos sólo contra miembros de la Sedena, durante su sexenio, en el documento se destaca que de septiembre de 2011 a junio de 2012, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva emitió 75 recomendaciones contra funcionarios de distintos órdenes de gobierno; del total 55 se dirigieron a autoridades de la administración pública federal, de las cuales 47 fueron aceptadas y dos rechazadas; 30 en espera del oficio de cumplimiento del organismo y 17 en vías de cumplimiento. No se indica en el informe cuáles son las dependencias que recibieron recomendaciones. Se destaca que están vigentes tres medidas precautorias ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y lsa 41 medidas cautelares de la CIDH, los beneficiarios de estas últimas están en Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Coahuila, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Michoacán, Puebla y Tamaulipas. En cuanto al cumplimiento de las sentencias contra México de la CoIDH, se señala que en la de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco--sentencia que fue revisada en audiencia en junio pasado-- se realizaron nuevas excavaciones del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2011, en Atoyac, Guerrero;  se entregaron recursos por reparación del daño a Justino García Téllez, viudo de una de las hijas de Rosendo, Andrea Radilla Martínez, y está en suspenso la reforma del Código de Justicia Militar. En los casos de las condenas por las violaciones sexuales de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, los avances se limitan a la apertura de averiguaciones previas en Fevimtra; el pago de reparaciones de daño y costas de los juicios; los actos públicos de reconocimiento; becas educativas para los hijos de Inés Fernández, y la selección de un terreno donde se construirá un centro comunitario. En cuanto a la de los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, se menciona que en diciembre de 2011 se presentó un informe a la CoIDH sobre los avances del cumplimiento, concretados al pago de indemnizaciones, publicación de la sentencia, capacitación de servidores públicos, avance de las investigaciones y reformas legislativas. De los avances en el cumplimiento de la sentencia por los feminicidios en Ciudad Juárez, conocido como caso Campo Algodonero, se asegura que uno de los presuntos responsables del homicidio de una de las víctimas fue encarcelado en diciembre de 2011; que se llevó a cabo el acto público de reconocimiento en noviembre de 2011,  aunque no se señala que los familiares de las víctimas no acudieron; y se elaboró un documento para estandarizar las investigaciones relacionadas con desaparición, violación y homicidio de mujeres, por razones de género. Calderón presume como logró propio la reforma constitucional en materia de derechos humanos de  julio de 2011, y que a partir de ello entre septiembre de 2011 y agosto de 2012  “generaron los instrumentos legales que favorecerán su implementación”. Frutos de la reforma constitucional se mencionan a la Ley General para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, del 14 de junio de 2012,  y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada el 25 de junio pasado. Sobre los resultados obtenidos por parte de la Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) cabe destacar que del primero de septiembre de 2011 al 30 de junio de 2012, la dependencia de la PGR atendió 144 investigaciones, de las cuales 104 alcanzaron el rango de averiguaciones previas y 40 actas circunstanciadas. Del total de averiguaciones 83 se remitieron a autoridades locales, al declararse la FEADLE incompetente para seguirlas, y de las que quedaron en manos de la federación en 12 se determinó el ejercicio de la acción penal, consignándose a 31 presuntos responsables de delitos como abuso de autoridad, amenazas, lesiones calificadas y robo calificado. “La mayoría de los autores de dichos delitos son servidores públicos de los tres niveles de gobierno”, se asienta en el informe. En dos averiguaciones previas se determinó no ejercicio de la acción penal y otra se acumuló a otra causa, además se dictaron 41 medidas cautelares de protección y auxilio a favor de víctimas y familiares en riesgo. El último informe de Calderón hace un recuento de las visitas y de informes de organismos de la OEA y de la ONU, así como de organizaciones civiles internacionales, algunas de esas acciones realizadas en años anteriores. Así se destaca las visitas de ocho visitas de órganos de la ONU y cuatro de la OEA, entres 2007 y 2011, que dieron origen a nueve informes que fueron presentados en los respectivos comités a los que asistió una delegación del Estado mexicano. Los temas abordados por relatores internacionales fueron de participación de niños en conflictos armados (2008),  a la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil (2008),  a la eliminación de la discriminación contra la mujer (2010), contra la tortura (2010); contra la discriminación racial (2010), sobre los derechos de los trabajadores migratorios (2010), de los derechos de las personas con discapacidad (2011), En cuanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), durante la administración de Calderón, se recibieron seis condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH); sus representantes acudieron a 46 audiencias públicas y 51 reuniones de trabajo sobre protección a la libertad de expresión, los derechos de los migrantes, los derechos de las personas en reclusión entre otros. De las organizaciones internacionales destacan las visitas en octubre y noviembre de la Barra de Abogados de Inglaterra y Gales y de Human Rights Watch. Se menciona una larga lista de cursos sobre derechos humanos y la reforma constitucional tomados por servidores públicos de la SEDENA, la Secretaría de Marina (SEMAR), la de Seguridad Pública, así como a integrantes de la Judicatura Federal.

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