MÉXICO, D.F., (apro).- El Fideicomiso Pro México, se vio forzado a entregar información relativa a recursos que se han entregado a inversionistas extranjeros a fin de que éstos concreten negocios en el país. Luego de que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), instruyera al organismo a transparentar sus informes, Pro México tuvo que entregar a un particular la relación de los inversionistas que recibieron estímulos económicos. Pro México se negó a entregar la información con el argumento de que se trataba de contenidos con carácter estratégico, además de que su difusión generaría especulaciones en acuerdos y transacciones internacionales, provocando un ambiente hostil a la inversión extranjera. Bajo ese criterio, Pro México intentó mantener en la opacidad los recursos y el destino de éstos, inclusive, intentando reservar la información hasta por seis años. El pasado 29 de agosto, el IFAI resolvió que el fideicomiso debía entregar la información, a partir de una serie de criterios, entre los que destaca que no existe ninguna disposición sobre la confidencialidad de los nombres de inversionistas extranjeros a los que se les otorgue apoyo económico, conforme a los Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones. Además, Pro México no argumentó con claridad el daño presente o futuro que pudiera traer consigo la transparencia en dicha información. En tanto, Pro México es un fideicomiso público dependiente de la secretaría de Economía, por lo que los montos de las operaciones son recursos públicos y deben ser estar sujetos a la legislación en materia de transparencia. La ponencia del comisionado Gerardo Laveaga –que elaboró el dictamen aprobado por el IFAI--, expuso además que la información sobre domicilio y objeto de las inversionistas es proporcionada a Pro México, sin que existan cláusulas de confidencialidad. La información no ha sido difundida por el particular que la solicitó, las consideraciones de la ponencia fijan precedentes en cuanto a la certeza y la transparencia en la aplicación de recursos públicos.