Preparan arrestos contra fanáticos religiosos de Nueva Jerusalén
MÉXICO, D.F. (apro).- Presionado por el alud de críticas recibidas, el gobierno de Michoacán consignó la averiguación previa iniciada con motivo de la destrucción de aulas en la comunidad de Nueva Jerusalén, municipio de Turicato, donde laicos y fanáticos mantienen una abierta pugna por sus creencias religiosas.
El secretario de Gobierno de esa entidad, Jesús Reyna, confirmó este lunes que ya se cumplió con ese trámite legal y que ahora están en espera de que el juez libre las órdenes de aprehensión correspondientes en contra de los autores materiales de ese hecho que mantiene sin clases a cerca de 240 de educación prescolar, primaria y telesecundaria.
Azuzados por el líder religioso Martín de Tours, el pasado 6 de julio decenas de fanáticos destruyeron con picos y marros los salones de clases de las escuelas en la Nueva Jerusalén.
Debido a esa situación, los 240 educandos no han podido iniciar el presente ciclo escolar y para evitar un nuevo enfrentamiento las autoridades estatales decidieron construir aulas prefabricadas en La Injertada, ubicada a 300 metros de la Nueva Jerusalén, pero los padres de familia laicos y los maestros se niegan a que sus hijos tomen clases en dicho sitio.
“La Procuraduría de Justicia ya consignó la averiguación previa que tiene que ver con los hechos delictuosos de la destrucción de las escuelas”, informó Reyna.
“Reiteramos que no habrá complacencias ni habrá negociación alguna con respecto de las conductas ilícitas que en este caso se cometieron. Se actuará como se tiene que actuar y no habrá impunidad”, advirtió el funcionario estatal.
A pesar de tales advertencias, el grupo religioso dominante en ese lugar mantiene cerrado el acceso principal a la comunidad para evitar que maestros entren a dar clases en casas particulares.
El argumento de los pobladores es que la educación laica va en contra de su creencia de culto. Su postura, dicen, obedece a un mandato de la Virgen.
Aclaró que por parte del gobierno de Michoacán “no existe el propósito, la posibilidad, ni la idea de sacar a alguien del lugar que es su residencia o su casa porque no lo permite siquiera la Constitución”.