MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El movimiento estudiantil #YoSoy132 exigió al gobierno de Felipe Calderón que reconozca la existencia del desplazamiento interno forzado en el país, que violenta los derechos humanos de cientos de miles de mexicanos como consecuencia directa de la violencia generalizada. En el foro Desplazamiento interno forzado: las víctimas invisibles de la violencia en México, que se realizó esta tarde en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, investigadores, académicos y víctimas del fenómeno que se estima esté alcanzado entre 700 mil y un millón de personas en la actualidad, según la empresa de investigación Parametría, se ha convertido en una crisis humanitaria, que el gobierno ha decidido ignorar. “La prioridad es que el gobierno reconozca el tema del desplazamiento forzado interno en el país y que atienda a la población. Después tendremos que exigir que se legisle, pero nos parece primordial que el gobierno ya salga y reconozca que existe este problema que es tan claro, que comience las investigaciones, que se cree una base de datos para saber de dónde vienen y a dónde van y no se tarden 20 años como pasó en Chiapas”, dijo Sandra Patargo, integrante de la Mesa de Migración de #YoSoy132, instaurada hace más de un mes para discutir el tema, que califican de urgente. “El desplazamiento forzado como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico es un fenómeno que apenas se empieza a investigar. Es importante que veamos las consecuencias por la falta de interés del gobierno y evitar que se expanda por todo el país”, dijo la estudiante de la Ibero, fundadora del movimiento estudiantil, que moderó el foro. El abogado Fidel López, consultor de la región para las Naciones Unidas, coordinador de análisis de desplazamiento interno en el Instituto Mora, explicó que ese fenómeno es de la mayor relevancia por el “enorme” impacto social, “invisibilizado hasta el momento”, que ha traído consigo la estrategia seguida por el Estado para combatir el crimen organizado. Explicó que los desplazados internos forzados son “las personas que se han visto forzadas a escapar o huir de su hogar como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada”, así como violaciones a los derechos humanos, situaciones que prevalecen en gran parte del país. Según el especialista, éste no es un fenómeno novedoso México. Sin embargo, según sus palabras, “nunca se había observado con la crudeza de hoy”. “La población más vulnerable está siendo víctima de encontrarse en fuego cruzado entre las estructuras criminales y se ve precisada a huir de sus lugares de origen, dejando lo poco que tienen como patrimonio. Con tal de resguardar la integridad física de su familia renuncian a sus propias raíces. Los que tienen suerte se van a Estados Unidos. Otros terminan por ocuparse en el empleo informal y se resignan a vivir en la penuria económica, donde no tienen acceso a servicios de vivienda, salud, educación y su alimentación no cubre las necesidades básicas de nutrición”. Otros, terminan en las filas del crimen organizado. Los desplazados viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, sin acceso a la tutela por parte de un Estado que no los reconoce, dijo Fidel López. Acusa al gobierno de negligente e incapaz. “El fenómeno está invisibilizado particularmente para el Estado. Necesitamos que el Estado lo reconozca para poderlo discutir abiertamente y sobre una base desarrollar las normas y políticas públicas que amerite para atenderla. Mientras para los gobernantes el tema de los desplazados siga siendo invisibles, seguirán condenando a las víctimas a sufrir condiciones de penuria extrema, una permanente violación a sus derechos humanos como consecuencia de una negligencia a parte del estado, que tiene la responsabilidad primaria de proveer seguridad y certeza de desarrollo de vida a sus habitantes”. “La incapacidad del Estado para responder a esta contingencia social gravísima, está exponiendo a los propios desplazados a ser cooptados, paradójicamente, por el crimen organizado. Al no estar preparadas las comunidades que reciben a los desplazados internos para integrarlos a su comunidad, y ante escenarios de contingencias socioeconómicas muy serias, han optado por ocuparse en actividades propias de la delincuencia organizada, lo que los expone a escenarios mucho más preocupantes de condiciones de vida y violaciones a sus derechos humanos”. Los analistas aseveran que no se podrá legislar esta problemática sin antes hacer un reconocimiento y una evaluación cualitativa y cuantitativa que permita dimensionar el fenómeno. Más aún, para Ricardo Reynoso, también especialista del Instituto Mora, no basta legislar: dice que hace falta voluntad política para erradicar el problema, y no la hay. “La información es escasa y en ocasiones contradictoria cuando se trata de confrontar información que genera el gobierno federal o los gobiernos locales contra las estimaciones de los organismos internacionales o las organizaciones civiles interesadas. Ni siquiera en la academia el tema ha merecido un tratamiento exhaustivo, sistemático, lo suficientemente fuerte para que repercuta frente a las instituciones y la sociedad civil”, dijo Reynoso. Para él, es claro que el tema ha recrudecido por el combate al crimen organizado que implementó el gobierno de Felipe Calderón desde diciembre de 2006. “Ha llevado a que el tema adquiera niveles escandalosos como los desplazados de Ciudad Mier, en Tamaulipas, donde una población entera tuvo que huir de la violencia generalizada y donde se vio la nula respuesta de las autoridades en un problema que no solamente es grave, sino que involucra algunos de los aspectos esenciales de un Estado, que es la seguridad nacional”, lanzó, y urgió a instrumentar un registro nacional de desplazados, así como el registro nacional de víctimas. Según los datos del Instituto Mora, los estados más afectados en cuanto a miembros de la población que se han visto desplazados de su hogar por la violencia en el país son Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Durango, Sinaloa y Veracruz. José Alberto Vera, investigador de Parametría, lamentó que no existan datos oficiales sobre el tema y que la poca información que hay, tenga que llegar de organismos independientes. Para ejercer presión al gobierno, el movimiento #YoSoy132, en colaboración con la organización internacional de activistas Avaaz, organizó una colecta de firmas para exigir al gobierno el reconocimiento del problema como consecuencia de la lucha contra el crimen organizado.