MÉXICO, D.F. (apro).- Con 104 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general, la Ley General de Contabilidad Gubernamental que remitió el Ejecutivo federal como iniciativa preferencial y que tiene como objetivo transparentar el gasto en los tres órdenes de gobierno y sus entes públicos. Con dicha iniciativa se busca combatir la corrupción y el desvío de recursos públicos. La nueva ley contempla sanciones de dos a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo a quienes causen daño a la hacienda pública o al patrimonio, a quienes lo permitan o no informen a su superior jerárquico. A partir de su publicación, los entes públicos estarán obligados a colocar en Internet la información sobre los montos pagados por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, y deberán publicar el nombre del beneficiario, así como el monto recibido. Los ciudadanos tendrán acceso a todos los adeudos de los estados, municipios, o la federación. Incluso, ningún ente público podrá oponerse a publicar esa información apelando al secreto bancario o fiduciario. Además la reforma establece reglas para armonizar la información financiera relacionada con la programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos públicos. La Secretaría de Hacienda y las dependencias equivalentes en los gobiernos locales deberán facilitar el acceso a la información financiera de todos sus entes públicos, a través de enlaces electrónicos en sus páginas de Internet. Asimismo, los estados deberán hacer públicos los recursos federales que reciban y los que entregue a municipios, delegaciones del Distrito Federal, organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y demás beneficiarios.