TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El juicio en Estados Unidos en contra del expresidente Ernesto Zedillo es una venganza de “grupos fácticos de poder”, consideró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Zedillo, quien ahora trabaja como profesor de la Universidad de Yale, en la ciudad de New Haven del estado de Connecticut, encara una acusación por la masacre de 45 indígenas tzotziles en Chiapas en 1997, razón por la que sus abogados solicitaron al gobierno estadunidense la inmunidad diplomática para su cliente. Dicho trámite está por definirse en cualquier momento. Pese a ello, el Frayba deploró en una misiva la solicitud de inmunidad diplomática, dijo que ésta no debería convertirse en una “patente de impunidad”, ya que el exmandatario no deja de ser responsable de un crimen de lesa humanidad. El Frayba, representante legal y copeticionario del grupo Las Abejas de Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también aclaró que no ha presentado en Estados Unidos alguna demanda civil en contra de Zedillo. También refirió que desde el 22 de septiembre del 2011 se informó que los diez demandantes anónimos de Zedillo, quienes buscan una reparación de 50 mil dólares, son ajenos a la sociedad civil Las Abejas. “Para nosotros es claro que quienes interpusieron la demanda civil en Estados Unidos no tienen la misma motivación de los sobrevivientes de la masacre de Acteal, responden a intereses fácticos ligados a los grupos en el poder político del Estado mexicano”, puntualizó el Frayba. Según el organismo no gubernamental fundado por el desaparecido obispo Samuel Ruiz García, los grupos en el poder en 1994, pertenecientes al PRI, fueron quienes ejecutaron el plan contrainsurgente en la entidad. Tiempo después y en el marco del “simulacro de alternancia de poder”, los grupos vinculados al PAN se encargaron de proteger a los autores intelectuales priistas de la matanza de Acteal. Ya con Vicente Fox en la Presidencia y con un militar en la Procuraduría General de la República (PGR) como Rafael Macedo de la Concha, acotó el Frayba, las autoridades se encargaron de cerrar la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados, sin emitir algún reporte sobre el trabajo realizado. “Los resultados de todas estas investigaciones no se conocieron para mantener también en secreto las indagatorias que apuntaran a la existencia y a la dinámica de los grupos paramilitares, documentadas por diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”, precisó el Frayba. Más tarde, abundó la ONG, al gobierno panista de Felipe Calderón, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tocó ordenar la excarcelación de los autores materiales procesados por estos hechos, beneficiándolos con la libertad. Y en Chiapas, en 2007, el gobernador Juan José Sabines Guerrero abrió una nueva fiscalía para investigar los hechos de Acteal. Sin embargo, acusó el Frayba, en lugar de cumplir la finalidad para la que fue creada, la fiscalía facilitó a los abogados de los demandantes anónimos en Connecticut una prueba presentada como anexo, que es un balance sobre las indagatorias efectuadas por la representación social. Por tal razón, el Frayba se manifestó “en contra de que se otorgue impunidad a Zedillo, a los responsables materiales e intelectuales de la masacre de Acteal, a quienes en la cadena de mando tuvieron conocimiento y actuaron por acción y omisión”. “Queremos ser enfáticos que, junto con Las Abejas, seguiremos en la lucha para alcanzar justicia, verdad, reparación integral y no repetición de los hechos a través de la petición admitida ante la CIDH, y la construcción de otra justicia desde la dignidad de los pueblos, donde sepultemos la cultura de la masacre, violencia estructural y discriminación contra las comunidades”, concluyó el Frayba.