MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la Asociación Ciudadana Defensora de Derechos Humanos, Leopoldo Soberanis Hernández, fue amenazado después de denunciar el estado de zozobra en que viven habitantes de la sierra de Guerrero por la violencia del crimen organizado y los abusos de miembros del Ejército.

El domingo 20 y el lunes 21, una semana después de que Proceso publicó en su edición 1889 un informe especial sobre la violencia en la sierra guerrerense, Soberanis Hernández, empresario convertido en defensor, recibió dos llamadas anónimas en su teléfono celular para que desistiera en su empeño de denunciar las atrocidades que ocurren en la Costa Grande.

El empresario, que cuenta con medidas cautelares proporcionadas por la Secretaría de Gobernación, sirvió como guía de los enviados de este semanario, quienes en la sierra documentaron el desplazamiento forzoso de pobladores, debido a las amenazas de sicarios de los cárteles de la droga en disputa territorial.

La nota también da cuenta de las intimidaciones por parte de paramilitares supuestamente financiados por el gobierno estatal para combatir a los grupos guerrilleros que operan en esa región de Guerrero, así como los abusos de tropas castrenses contra la población civil, al amparo de la guerra contra el narcotráfico.

En entrevista telefónica, el activista narró que las llamadas que recibió a su celular tenían un registro de “número privado”, por lo que fue imposible identificar su origen.

“Las dos llamadas las realizó la misma persona, su voz tenía el acento peculiar de la región de la Costa Grande y tenían el objetivo de intimidarme”, dijo Soberanis.

Según el defensor, en la primera llamada, realizada el domingo 20, le advirtieron que estaba siendo vigilado y que “no debía denunciar las atrocidades que pasan en la región”, apuntó.

Un día después, narró, “me dijeron que si seguía con las denuncias, iban a actuar contra mí y que me sugerían que me dedicara a lo mío, a mi empresa”.

Según Soberanis, los actos de hostigamiento en su contra se deben a la manifestación que encabezó el pasado 10 de septiembre contra las violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército en Techan, en particular en San Luis la Loma, comunidad de la que es originario.

En octubre y noviembre pasados, las oficinas y la casa del empresario fueron allanadas por militares, supuestamente en busca de armas y droga, hechos en los que el afectado identificó como presunto responsable al comandante del 19 Batallón de Infantería, Dante Castillo Calleja.

Por esas acciones, Soberanis interpuso una denuncia ante el Ministerio Público del estado y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que derivó en la decisión de la Segob de proporcionar al defensor tres agentes federales para garantizar su seguridad a partir de noviembre.

Tras las últimas amenazas, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Segob, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), así como las comisiones de derechos humanos del Senado y la Cámara de Diputados, decidieron atender las denuncias presentadas por Soberanis.

El empresario precisó que los días 22 y 23 de enero, personal de la ONU documentó casos de violaciones a derechos humanos y “manifestaron su preocupación por lo que está ocurriendo en la región”.

Informó que después de la publicación del informe especial en Proceso, el pasado domingo 13, el presidente de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, lo buscó para diseñar un programa de atención a los desplazados por la violencia del narcotráfico en la sierra.

Hasta ahora, agregó, hay un padrón de 140 familias  que tuvieron que salir de sus comunidades  y viven con familiares en pueblos más grandes de Techan. Otras familias se han desplazado a Querétaro, Nayarit, Morelos y esta ciudad.

Sobre el surgimiento de grupos de autodefensa en Guerrero, Soberanis Hernández contó que habitantes del ejido Frenos de Puerto Rico, que desde 2007 son extorsionados por paramilitares que surgieron en el gobierno de Zeferino Torreblanca, le anunciaron que “ante el silencio de las autoridades van a armarse para defenderse”.

“La población decidió no pagar los 3 millones de pesos que los maleantes les exigen, y el jefe de la banda (Serafín Alegre Cortés, presuntamente vinculado a los Caballeros Templarios) les advirtió que si el próximo 30 de enero no pagan, empezará a matar a la gente de Fresnos de Puerto Rico, incluyendo mujeres y niños”, apuntó el defensor.

Ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales por el acoso que viven los pobladores de esa comunidad, localizada a más de 2 mil metros sobre el nivel del mar, los ejidatarios decidieron seguir el ejemplo de otros pueblos de Guerrero: enfrentar a la delincuencia.

Leopoldo Soberanis manifestó su preocupación por la existencia de esos grupos de autodefensa que cada día cobran más seguidores en ese estado sureño.

“Me parece que es una situación muy grave, pero por desgracia es el reflejo de la desesperación de la población víctima de la violencia del crimen organizado, y de la pasividad y olvido de las instituciones del Estado”, puntualizó.