MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) ordenó al Instituto Nacional de Migración (INM) informar sobre el número de empleados cesados de 2006 al 2012, así como los motivos por lo que fueron dados de baja y los puestos que desempeñaban. El IFAI resolvió una solicitud promovida por un ciudadano que se inconformó con la información proporcionada por el INM, pues en su primera respuesta le indicó que sólo una persona había sido cesada en el periodo señalado, y ocupaba el puesto de director general adjunto. El solicitante presentó un recurso de revisión en el IFAI, donde alegó que en diversas notas periodísticas se ha informado sobre el cese de otros funcionarios y empleados del INM. Como ejemplo, recordó que el 18 de octubre de 2011 se publicaron declaraciones del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien dijo que para combatir la corrupción en el INM habían sido cesados 200 trabajadores. En sus alegatos, el Instituto indicó que existe un error en el marco conceptual de la recurrente, ya que no se trató de “ceses”, sino de bajas por “terminación de efectos de nombramiento”. Sin embargo, a fin de favorecer el principio de máxima publicidad, proporcionó número y puesto de los servidores públicos a quienes les fue notificado la “terminación de efectos de nombramiento”, en el año 2011. Del análisis de la normatividad aplicable, la comisionada ponente, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, concluyó que el INM debió pronunciarse sobre todos los casos de “cese”, sin hacer distinción entre los términos. Señaló que, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los particulares no tienen la obligación de conocer las denominaciones precisas de lo que solicitan, especialmente si existen notas periodísticas y boletines de prensa oficiales que hacen referencia al “cese” de personal. Incluso, apuntó, existe un boletín oficial del INM que da cuenta del “cese” de trabajadores de confianza y que tuvo como consecuencia la “terminación de los efectos del nombramiento”. Además, la comisionada Pérez-Jaén consideró que si bien el Instituto modificó su respuesta y proporcionó una relación de los servidores públicos “cesados” en el año de 2011, no se pronunció sobre los motivos de su remoción, y tampoco precisó si se presentaron casos en algún otro año del periodo señalado por el recurrente, es decir, de 2006 a septiembre de 2012. Por lo tanto, propuso modificar la respuesta del INM e instruir una nueva búsqueda de la información solicitada, en todas las unidades administrativas competentes, a fin de proporcionar al recurrente los datos de su interés, desglosados por año, desde 2006 a septiembre de 2012.