MONTERREY, N.L., (proceso.com.mx).- Las cruces de madera y las mantas colocadas en el exterior del casino Royale para recordar a las víctimas caídas en la masacre del 25 de agosto de 2011 fueron retiradas el domingo sin aviso previo, lo que provocó indignación entre los familiares, quienes exigieron restituir las ofrendas. Esta mañana, los deudos encontraron que la fachada del centro de apuestas ubicado en la colonia San Jerónimo, al poniente de esta ciudad, estaba desnuda de los objetos conmemorativos a la masacre; éstos habían sido retirados y arrumbados bajo una rampa. Los deudos que cada jueves se reúnen en el exterior del casino donde murieron 52 personas acudieron esta mañana al lugar y un empleado, al parecer un velador, les pasó por debajo de la cerca que resguarda la propiedad cada una de las 52 cruces blancas de madera con los nombres de las personas asesinadas en el ataque ordenado por el grupo criminal “Los Zetas”. “¡Desvergonzados!”, le gritó desde el exterior Samara Pérez, quien perdió a su hijo en el atentado y es una de las líderes del movimiento de los deudos. Actualmente el edificio luce en ruinas, con restos de humo del incendio provocado por la acción criminal. En el exterior fue colocada una malla ciclónica para impedir el ingreso. Sobre ella habían sido colocadas mantas, fotografías, ofrendas florales y las cruces. Minerva Martínez Garza, presidenta da la comisión Estatal de Derechos Humanos, anunció que envió hoy una medida cautelar al municipio de Monterrey para que preserve el lugar donde las víctimas recuerdan a sus fallecidos. Las ombudsman citó a los medios a una conferencia de prensa hoy a  las 17:00 horas en la sede de la CEDH para dar a conocer las 13 recomendaciones que hará a funcionarios en relación a las violaciones a los derechos humanos que descubrió en la investigación posterior a los hechos. Anunció que en el transcurso de la tarde dará a conocer en privado el documento a los deudos, para que se informen de la resolución de primera mano. Jorge Domene, vocero estatal de seguridad, dijo que el gobierno de Nuevo León no podía actuar ante el aludido atropello pues, según su versión, el predio seguía en custodia de la PGR. Sin embargo, una nota publicada el 6 de diciembre de 2012 en El Universal señala que el predio donde está el casino siniestrado y su amplio estacionamiento fue entregado formalmente por la Procuraduría General de la República a su propietario, Carlos Alejandro Salinas Martínez, al señalar que el inmueble “funcionó en predio propiedad de una persona distinta a los propietarios y franquiciatarios”.