MÉXICO, D.F. (apro).- La violencia y los abusos en los que las víctimas son menores de edad es otro de los saldos trágicos que el gobierno panista de Felipe Calderón “heredó” al del priista Enrique Peña Nieto, advirtió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). En rueda de prensa, el director de la Redim, Juan Martín Pérez García, destacó que una de las herencias más preocupantes que dejó el gobierno anterior es “el incremento de la violencia sexual, la desaparición forzada y la trata de personas”, tema en el que se carece de cifras confiables. Según estimaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), abundó, “unas 800 mujeres adultas y 20 mil menores son obligados a ingresar a las 47 redes de trata que existen en el país”, fenómeno que creció en el sexenio pasado al diversificarse las formas de financiamiento del crimen organizado transnacional. La desprotección hacia las mujeres y las niñas durante el gobierno calderonista, apuntó Pérez Martínez, es evidente al advertirse que de los 3 mil expedientes integrados por trata de personas, sólo 50 concluyeron en una sentencia. En un balance de la situación de la infancia en 2012, la Redim enfatizó en la urgencia de asumir un sistema nacional de promoción, protección y garantía de derechos de la infancia y la adolescencia, inexistente en México pese a que nuestro país firmó desde hace 23 años la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Lo anterior es de suma relevancia, toda vez que los niños y adolescentes comprenden un importante sector de la población, unos 40.4 millones de mexicanos, según el reporte del Consejo Nacional de Población (Conapo) del año pasado. La desatención a este segmento de la población, sostiene el informe de la Redim, se advierte también en las estadísticas oficiales: “De acuerdo con datos de Coneval-Unicef de 2012, el 80% de las personas menores de 18 años en el país enfrenta algún tipo de carencia. El 53% de toda la población infantil y adolescente vive en la pobreza, representado aproximadamente 20 millones de mexicanos”. Si todo ello no fuera suficiente, Juan Martín Pérez recordó que durante los diez primeros años de los gobiernos panistas se reportó un incremento de 210% en la tasa de homicidios entre las personas de 0 a 17 años, y que sólo en 2010 se registraron mil 406 asesinatos de niñas y niños. El reporte de la Redim destaca que entre otros indicadores que requieren la aplicación de políticas públicas específicas son el incremento de la maternidad en adolescentes entre 15 y 17 años, uno de cada 20 en promedio, así como el que 30% de los adolescentes de 16 años no cuente con secundaria terminada. Además del incremento del suicidio entre adolescentes de 15 a 17 años, ya que este fenómeno aumentó 25% entre 2010 y 2011, aparte del crecimiento de la infancia migrante, pues en 2011 hubo 15 mil 524 menores repatriados desde Estados Unidos. Pérez Martínez advirtió que el panorama preocupante debe ser atendido por Peña Nieto, más cuando durante la contienda electoral se adhirió a la campaña “10 por la Infancia”, impulsada por Unicef y Redim, que “define 10 puntos estratégicos para la defensa de los derechos de la niñez y busca generar un consenso nacional para que el Estado mexicano y sus instituciones, los Congresos locales y federal avancen en el cumplimento de la Convención sobre los Derechos de los Niños”. Al insistir en que la política pública hacia los menores de edad es “mediocre, fragmentada y asistencialista” –y en la que no se reconocen los derechos de los niños y niñas como sujetos de derechos–, el director de la Redim llamó al gobierno federal a “retomar las propuestas y diálogos realizados durante el proceso de transición para cambiar la grave situación que enfrentan millones de niñas, niños y adolescentes”.