Amnistía Internacional pide a EU revisar sentencias de muerte contra mexicanos

jueves, 10 de octubre de 2013
MÉXICO, D.F., (apro).- Luego de señalar que alrededor de 60 mexicanos presos en Estados Unidos fueron condenados a la pena de muerte, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos “a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y revisar o conmutar las sentencias” contra esos ciudadanos. En el contexto de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pena de Muerte, AI resaltó que hasta ahora los estadunidenses se han negado a acatar sentencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de las ejecuciones. Después de reconocer la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores  (SRE) en la defensa de los connacionales, el organismo recordó que pese a estar amparados por la CIJ, el estado de Texas llevó a cabo la ejecución de José Ernesto Medellín y Humberto Leal, en mayo de 2008 y julio de 2011, respectivamente. De ahí el llamado al gobierno Barack Obama, toda vez que la mayoría de los 60 mexicanos condenados a muerte “se encuentran amparados por una sentencia de la CIJ que ordena la suspensión de las sentencia en tanto no se revisen sus procesos judiciales (el llamado caso Avena)”, puntualizó AI en un comunicado. Además, pidió a las instituciones mexicanas “redoblar esfuerzos para asegurarse de que se suspendan sus condenas de muerte (a los 60 mexicanos), y en los casos que forman parte de la sentencia de la CIJ se revisen los procesos”. Asimismo, precisó que el ordenamiento internacional derivó de las omisiones de las autoridades de Estados Unidos para “dar cumplimiento a los derechos consulares que se establecen en la Convención de Viena sobre relaciones consulares”. Amnistía Internacional consideró que el respeto a esos derechos “es fundamental para acceder a un juicio justo para quienes son procesados en un país distinto al suyo, especialmente cuando existe un riesgo importante de que prácticas discriminatorias y barreras del lenguaje puedan limitar el acceso a la justicia a las personas procesadas”. En el continente americano, resaltó, Estados Unidos es el único país que aplicó  penas de muerte, la mayoría de ellas en Texas, estado “donde quienes integran minorías étnicas tienen mayor probabilidad de ser sentenciados” a esa pena. Del año  2000 a la fecha, tiempo en que ha gobernado el republicano Rick Perry, 250 personas han sido ejecutadas, negándose a acatar la sentencia de la CIJ bajo el argumento de que “no existe una norma interna en Estados Unidos que obligue a Texas y sus tribunales” a aplicar los ordenamientos internacionales, apuntó. Dicho argumento –añadió– carece de validez, toda vez que “de acuerdo al derecho internacional, las sentencias de la CIJ deben cumplirse incondicionalmente y no cabe como excusa argumentar incompatibilidad con el derecho nacional”. El organismo subrayó que Texas ha desoído los exhortos del presidente Barack Obama para “detener las ejecuciones de mexicanos amparados por la sentencia de la CIJ”, en tanto que el Poder Legislativo estadunidense, apuntó, tiene un proceso abierto para legislar en torno de la aplicación de la sentencia internacional. Detalló que de acuerdo con el Departamento de Justicia Criminal de Texas, 31% de las personas ejecutadas en 2011 era de origen hispano, y 65% de las sentencias de muerte que se aplicaron en los últimos 10 años pertenecen a minorías étnicas. Luego de pronunciare contra la pena de muerte “en todos los casos, independientemente  del delito, el delincuente o el método de ejecución”, AI anunció la presentación de un informe sobre “la falta de efectividad de la pena de muerte como medida disuasoria contra el crimen, y la necesidad de actuar para poner fin a la impunidad y atender a las víctimas de graves delitos, pero sin usar la pena de muerte”.  

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