SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- La Contraloría General del estado inhabilitó al exgobernador panista Marcelo de los Santos Fraga para ocupar cargos públicos durante los próximos 20 años y determinó que éste deberá pagar una multa de 7 mil 791 millones de pesos, según publicó hoy el diario Pulso. Aunque no se dio a conocer el dictamen emitido por la dependencia, el diario hace referencia al expediente RESP-057/2011 relativo al presunto desvío de un crédito por mil 500 millones de pesos que fue adquirido en 2009, durante los últimos días del sexenio de Marcelo de los Santos, que de acuerdo con la resolución se utilizó para solventar gasto corriente y no para el destino que originalmente se planteó: inversión productiva. De acuerdo con esta información, la determinación de la Contraloría estatal fue emitida el 25 de septiembre, y los abogados del exgobernador recibieron la notificación oficial un día después. Se explica que la sanción económica se estimó en el equivalente a tres veces el monto del daño patrimonial causado, que fue de 2 mil 597 pesos: el crédito por mil 500 millones de pesos y otros mil 97 pesos como intereses que corresponden al plazo en que debe cubrirse el adeudo, mismo que concluye hasta el año 2029. Marcelo de los Santos habría tramitado diversos amparos e impugnaciones a lo largo de este proceso que inició en el 2011. Por este mismo asunto, el exsecretario de Finanzas Joel Azuara Robles y el oficial mayor Humberto Picharra fueron detenidos, aunque enfrentan el proceso en libertad, tras haber cubierto el pago de una fianza. Ambos funcionarios habían sido aprehendidos en una primera ocasión en 2010, debido a que el gobierno del priista Fernando Toranzo los acusó de haber incurrido en irregularidades en la adquisición de un helicóptero por el que se pagaron 640 mil dólares del erario, sin que el vehículo existiera al momento de celebrar el contrato en junio de 2006. Tanto Azuara Robles como Picharra libraron la acusación mediante un amparo federal. Entrevistado vía telefónica sobre la resolución de la Contraloría general divulgada hoy, el exdiputado Eduardo Martínez Benavente calificó el anuncio como un truco publicitario del actual gobernador Fernando Toranzo para distraer a la opinión pública de los conflictos de su administración con trabajadores del estado, la falta de obra pública y su propio dispendio en el gasto estatal. Martínez Benavente es un defensor del derecho a la información que durante años ha recurrido a las instancias de acceso a la información pública para difundir los manejos financieros de los gobiernos de Marcelo de los Santos y Fernando Toranzo. El exdiputado —fue legislador local ciudadano impulsado por el PRD— y notario dijo que si la Contraloría del estado “fuera en serio” hubiera detenido al exgobernador De los Santos, como lo hizo con sus excolaboradores. Martínez Benavente sostiene que una tercera parte del crédito adquirido por Marcelo de los Santos por mil 500 millones de pesos fue ejercida ya en el sexenio de su sucesor del PRI, quien además fue secretario de Salud durante todo el sexenio del panista. “No creo que sea nada serio, si realmente quisieran hacer daño y hacer algo espectacular lo habrían dado a conocer en los medios nacionales, como ocurre en el caso del exgobernador de Aguascalientes (Luis Armando Reynoso)”. Recordó que el exgobernador es contador y se ha dedicado a asesorar a clientes con conflictos fiscales muy fuertes. “No le van a ver la pista”, afirmó. Además, aclaró que el exgobernador del PAN nunca accedió a comparecer ante la Contraloría con el argumento de que en su cargo como titular del Ejecutivo no manejaba directamente los recursos, pero en cambio sí pudo solventar las observaciones que se le hicieron por poco más de 300 de los mil 500 millones del crédito. “Ahorita más que nada es la desesperación del gobierno de Fernando Toranzo, de querer generar otros impactos para distraer de otros temas como los recursos para las inundaciones que no han llegado o no se han aplicado, el escándalo por los desvíos del impuesto sobre la tenencia y la falta de obra pública”, aseveró Martínez Benavente. En todo caso, pidió a la Auditoría Superior del estado dar a conocer los resultados de su propio dictamen sobre este mismo caso.