MÉXICO, D.F. (apro).- La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Código Fiscal de la Federación y una nueva Ley Aduanera que incluye la eliminación del segundo reconocimiento aduanero. Además, modificó en su parte sustancial la propuesta del Ejecutivo federal. Con 443 votos a favor y 24 en contra, el pleno avaló la primera parte del paquete fiscal enviado por Enrique Peña Nieto el pasado 8 de septiembre. Ambas leyes fueron cambiadas en las partes sustantivas calificadas por centros empresariales y contadores fiscales como “terrorismo fiscal”. En la propuesta peñista elaborada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se incluía una nueva cláusula llamada “de elusión”, establecida en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación. Con dicha norma, el Sistema de Administración Tributario, SAT, se abrogaba la facultad de presumir cuál era la regla o delito que un contribuyente eludía. Así por ejemplo si al presentar la declaración patrimonial un contador cometía un error, la autoridad hacendaria tipificaba el delito sin que este estuviera definido claramente en la ley; esto es, era a interpretación del SAT.  Esta regla peñista fue eliminada. Por otra parte, la comisión de Hacienda que encabeza el panista Isabel Trejo Reyes aprobó por unanimidad (y por mayoría en el pleno) la eliminación de la extensión de culpas a delitos fiscales. En la propuesta peñista se contemplaba que a cualquier miembro del consejo de administración de una empresa se le podía culpar de violentar una ley fiscal, incluyendo a la esposa o esposo de un integrante del consejo, aun sin que el cónyuge formara parte del consejo. Lo que quedó en el código fiscal es una definición clara de responsabilidades y el tipo de delito que se comete. Por lo que hace a la ley aduanera se dejó a manera de “opción” el uso de agentes aduanales para acabar con “el monopolio” o grupos de agentes que cobraban cuotas para hacer los pedimentos aduanales a la hora de importar o exportar alguna mercancía y a los cuales se tenía que acudir por obligación, creándose así una especie de grupo de presión hacia los comerciantes. Igualmente se eliminó la figura de “apoderado legal”, ya que a través de la firma electrónica o sello digital los importadores o exportadores podrán realizar el  pedimento de manera directa sin intermediario alguno. En tanto que a quienes deseen despachar sus mercancías mediante un representante legal se les establecieron ciertas obligaciones para controlar las materias de procedencia extranjera. También al representante legal se le sumó la responsabilidad solidaria ante el fisco federal. Por lo que se refiere a los recintos aduanales se aprobó que podrán establecerse en cualquier parte del país y no forzosamente en colindancia con cualquier recinto aduanero portuario. En lo relativo a los derechos de los contribuyentes se establecen facilidades para la rectificación de pedimentos, cambio de régimen de mercancías y regularización de las mismas. También respecto de la apertura en la prestación de servicios relacionados con el comercio exterior se permite que cualquier persona moral que cumpla con los requisitos pueda solicitar la autorización al SAT para prestar el servicio de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos. Estas dos leyes forman parte del paquete fiscal y serán enviadas al Senado para su ratificación. Este miércoles, la Comisión de Hacienda sesionará para avalar los dictámenes en materia de IEPS (impuesto especial sobre productos y servicios), la ley del IVA (impuesto al valor agregado), la ley del ISR (impuesto sobre la renta), la ley de gasto público y la ley de coordinación fiscal. Se pretende aprobarlos entre el viernes y el domingo. Éste último es la fecha límite constitucional para avalar la ley de ingresos. Todas estas leyes integran la ley de Ingresos de la federación y forman parte de la reforma hacendaria de Peña Nieto, que está siendo modificada en sus partes sustantivas.