De los Santos acusa al gobernador de SLP de "uso mafioso de las instituciones"

martes, 15 de octubre de 2013
MÉXICO, D.F., (apro).- El exgobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, acusó al actual mandatario estatal, Fernando Toranzo, de hacer un “uso mafioso de las instituciones” para impedir su posible participación en los comicios de 2015. En un desplegado difundido este martes en el diario El Universal, el exgobernador panista –inhabilitado por la Contraloría General del estado por el presunto desvío de un crédito por mil 500 millones de pesos adquirido en 2009– respondió a la “falsa acusación” que “cobardemente” lanzó en su contra el actual gobierno panista de San Luis Potosí. En el texto, De los Santos Fraga precisa que la acusación por la que pretenden sancionarlo “de manera dolosa, abusiva y hasta ridícula”, con una multa de 7 mil 791 millones de pesos, busca privarlo de sus derechos políticos hasta por 20 años. “Pretendiendo engañar a la sociedad al permitir que la Contraloría del estado provoque una falsa percepción pública en torno a la supuesta culpabilidad de quien esto escribe, el gobernador actual de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, hace un uso mafioso de las instituciones, generando confusión entre la población”, puntualiza. De acuerdo con el exmandatario, sólo “una mente perversa” puede acusar sin fundamento legal. “Sólo en una mente de apretados criterios éticos –agrega– puede persistir la idea de que una mentira dicha mil veces, termina volviéndose una verdad”. Asegura, asimismo, que nos hay pruebas de que el crédito bancario por mil 500 millones de pesos que solicitó al final de su gestión lo hubiera dispuesto para su beneficio personal. “De manera infame”, dice, se le acusa de desvío de recursos por haber aplicado parte de ese monto en rubros de gasto corriente y compromisos financieros. Sin embargo, subraya, no se explica que el ejercicio de aproximadamente una tercera parte de ese recurso fue aprobado en la opinión y dictamen técnico de la propia Contraloría estatal, y que otra tercera parte del monto señalado “fue dispuesta por el actual gobernador” y, por tanto, “él debería responder por ella”. En el desplegado, titulado “¡Ya basta! El gobierno de San Luis Potosí miente”, De Los Santos Fraga sostiene que el monto restante se aplicó en diversos rubros, “merced a la emergencia financiera provocada por la crisis económica global de 2009, así como el consecuente recorte presupuestal ordenado por el gobierno federal a las entidades federativas”. Según el exgobernador panista, no se le ha permitido presentar pruebas en ese procedimiento “imparcial” y pretenden negarle el derecho de réplica, “a sabida cuenta de que se trata de un acto de revancha política y no de búsqueda de justicia”. Por último, exige un procedimiento apegado a la ley, “ajeno a los intereses de Toranzo”, y asegura que la justicia le dará la razón. Remata: “He actuado prudentemente durante los últimos cuatro años, tal y como lo he hecho a lo largo de mi vida, tanto en el aspecto público como en el privado, sin ánimo alguno de entorpecer la actual administración de lo que de buena fe creía sería un buen gobierno para San Luis Potosí, pero cuyo arribo al poder hoy lamento profundamente”. El pasado jueves 10, la Contraloría General del estado inhabilitó al exgobernador para ocupar cargos públicos durante los próximos 20 años y determinó que deberá pagar una multa de 7 mil 791 millones de pesos. Aunque no se dio a conocer el dictamen emitido por la dependencia, el diario Pulso hizo referencia al expediente RESP-057/2011 relativo al presunto desvío de un crédito por mil 500 millones de pesos que fue adquirido en 2009, durante los últimos días del sexenio de Marcelo de los Santos, y que de acuerdo con la resolución se utilizó para solventar gasto corriente y no para el destino que originalmente se planteó: inversión productiva. Según esa información, la determinación de la Contraloría estatal fue emitida el 25 de septiembre, y los abogados del exgobernador recibieron la notificación oficial un día después. Se explica que la sanción económica se estimó en el equivalente a tres veces el monto del daño patrimonial causado, que fue de 2 mil 597 pesos: el crédito por mil 500 millones de pesos y otros mil 97 pesos como intereses, que corresponden al plazo en que debe cubrirse el adeudo, mismo que concluye hasta el año 2029.

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