McAllen, Texas,  (proceso.com.mx).- Fiscales federales de Estados Unidos y autoridades de Texas  mantienen en las cortes de ese estado  varias demandas civiles contra dos exgobernadores mexicanos para recuperar bienes y recursos ilegales, algunos sustraídos  de erarios estatales, que suman alrededor de 35 millones de dólares. Las demandas más antiguas se presentaron en mayo del año pasado en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi  contra el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrigton Ruvalcaba, a quien  ya se le han despojado  cuentas bancarias, aviones  y varias propiedades con un valor superior  a los siete millones de dólares. El gobierno estadunidense acusó a Yarrington de lavado de dinero, al comprar propiedades  a través de prestanombres con recursos que fueron pagados al exgobernador por proteger al cártel del Golfo, primero cuando fue alcalde de Matamoros y posteriormente como mandatario  de Tamaulipas. El pasado 16 de agosto el Departamento del Tesoro subastó un apartamento en la torre de condominios Bridgepoint, en la Isla del Padre, que fue confiscado al empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza, quien confesó ser prestanombres de Yarrington. También se le  decomisó y subastó  una residencia de dos niveles, cinco recámaras y seis y medio baños ubicada en el  número 9001 de  Ware Road, un exclusivo sector de la ciudad fronteriza de McAllen. La propiedad  fue asegurada en julio pasado y mide 12 mil 770 metros cuadrados, con mil 491 metros de construcción. Tiene un valor superior a los 600 mil dólares, según el Departamento del Tesoro. El inmueble fue construido en 2001 y se registró a nombre de la profesora Cindy Chapa, exsecretaria de Yarrington durante su gestión como alcalde de Matamoros, entre 1992 y 1994. Además de la residencia en McAllen y el departamento de lujo en la Isla del Padre, el gobierno de  Estados Unidos decomisó a Yarrington un avión privado, una cuenta en banco de las Bermudas y  otra residencia en Kyle, Texas,  que también estaba a nombre de  Cindy Chapa. El pasado mes de septiembre fiscales federales presentaron una demanda civil contra Jorge Torres López  -exgobernador de Coahuila quien substituyó a Humberto Moreira cuando renunció al cargo-  para decomisarle  2.8 millones de dólares que fueron “lavados” en bancos de Texas y las Bermudas. La demanda del gobierno de los Estados Unidos se dirime en la corte federal de Corpus  Chisti  y se  presume que el dinero  fue desviado del erario estatal por el exgobernador y  Héctor Javier Villarreal Hernández, extesorero de Coahuila. La acusación precisa  que Torres López y Javier Villarreal  realizaron durante 2011  trasferencias electrónicas de miles de dólares a bancos de Texas, los cuales fueron lavados en bienes raíces. Además, realizaron depósitos en una cuenta de inversión en bancos de Las Bermudas, que pertenece a Jorge Juan Torres López, exmandatario  de 59 años de edad. El exgobernador Jorge Torres ya rechazó las acusaciones y anunció que se defenderá legalmente hasta demostrar su inocencia.  Aseguró que  era millonario antes de entrar al servicio público porque pertenece a la familia López del Bosque, los principales accionistas del Grupo Industrial Saltillo. También existen una serie de demandas que  se presentaron  desde marzo de este año contra el extesorero de Coahuila Javier Villarreal Hernández para decomisarle propiedades que en conjunto suman alrededor de  25 millones de dólares. El diario regional  El Norte informó que el senador panista de Coahuila Luis Fernando Salazar interpuso una de las 12 demandas para recuperar 2 millones 275 mil 544.41 dólares que están "congelados" en la cuenta número 26-2673-031320 en el Bank of Butterfield and Son de las Bermudas,  la cual fue asegurada Villarreal Hernández. Durante el periodo de Humberto Moreira, Javier Villlarreal, siendo titular del el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), contrató  entre julio de 2010 y marzo de 2011 varios préstamos por alrededor de 5 mil millones de pesos utilizando documentación falsa. En abril de 2012, autoridades federales estadounidenses y del estado de Texas presentaron ante distintas cortes acusaciones de lavado de dinero en contra de Villarreal Hernández. En las distintas  cortes del Distrito Oeste de Texas existen 12 procedimientos de confiscación civil para recuperar  bienes inmuebles, propiedad del  exfuncionario de Coahuila. Entre otras propiedades está una residencia situada en 780 S. Central Avenue Brownsville, en el condado de Cameron, Texas, y un complejo de apartamentos situado en 3454 Boca Chica Blvd. Brownsville. También dos negocios de lavado de automóviles localizados en 1327 W. Tyler St. Harlingen, y en el 5215 de South Padre Highway Brownsville 30, ambos en el condado de Cameron, Texas. Además se le pretende decomisar  una gasolinería y tienda de conveniencia localizadas en el 4425 E. de 14th Street, en Brownsville, un complejo de departamentos denominado Orchid Apartment Complex, ubicado en 3480 Boca Chica Blvd. El extitular del Satec  también es propietario de una serie de condominios en la Isla del Padre, un complejo de bodegas en San Antonio, y un centro comercial y lotes ubicados en la Manzana 6, New City Block 17586, de la  misma ciudad. Villarreal Hernández ya había sido arrestado en México en  octubre de 2011 y puesto en libertad bajo fianza. Actualmente se encuentra  prófugo.