Reforma hacendaria, más política que económica: CCE

lunes, 21 de octubre de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) calificó la reforma hacendaria como una medida de “corto plazo” que, apuntó, no atiende las necesidades económicas, sino las políticas. “Nos preocupa que se descuide el principal objetivo que tiene nuestro país, que es el crecimiento, una prioridad, y que recaigamos en medidas de corto plazo o basadas en objetivos políticos, más que económicos”, señaló el presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani. Al emitir su mensaje semanal, el empresario añadió: “Los desequilibrios estructurales de nuestro sistema hacendario no van a resolverse con gravámenes como los que ahora se han propuesto para muchos alimentos y otros productos. La política fiscal tampoco es la forma de resolver problemas sociales o de salud”. De acuerdo con el CCE, integrado por diferentes cámaras empresariales, el gobierno se fue por la fácil al realizar una reforma con un corte “fiscal”. “Es más fácil crear nuevos impuestos que generar las ventas, los ingresos y el trabajo necesario para pagarlos, más aún en un escenario de una economía sin dinamismo”, sentenció. Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del total de ingresos del gobierno federal, alrededor de 65% (un billón 753 mil millones de pesos) corresponde a ingresos por impuestos, entre los cuales 57.7% proviene del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 34.8% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 7.5% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Y es en aquellos donde la clase empresarial no está de acuerdo y tampoco en las “altas tasas del ISR, las cuales afectarían la competitividad para generar inversión”, señaló el CCE. Gutiérrez Candiani precisó que para los empresarios es fundamental corregir el tema de las deducciones, y destacó la eliminación de la deducción inmediata de inversiones y cuotas de seguridad social; la deducción parcial de prestaciones exentas laborales, y las limitaciones en lo relativo a donativos y en el régimen personas físicas que, dijo, van contra el ahorro y retiro de trabajadores. No obstante, para la SHCP el cobro del ISR para personas físicas establece mayor progresividad, ya que se aplicará una tasa de 31% a ingresos anuales superiores a 500 mil pesos, de 32% a quienes perciban arriba de 750 mil, de 34% a aquellos que cobren de uno a tres millones de pesos, y de 35% a las personas que reciban arriba de 3 millones. Además, mantiene el gravamen de 10% a las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores, elimina la posibilidad de deducir en un sólo ejercicio el 100% de la inversión realizada en la adquisición de activos fijos, y limita el monto máximo de las deducciones personales realizadas por una persona física al año a la cantidad que resulte menor entre el 10% del ingreso anual total. Pero el asunto no para ahí. El CCE también se quejó de la homologación del IVA en zonas fronterizas (de 11% a 16%) y de la aplicación del IEPS en bebidas, combustibles fósiles y plaguicidas. Si el Senado de la República da el visto bueno a la reforma, se establecerá una aplicación gradual en el impuesto a los plaguicidas, y para 2014 se aplicarán las cuotas propuestas por el Ejecutivo en 50%. De igual manera se mantiene el gravamen de un peso por litro a las bebidas azucaradas y se crea un IEPS de 5% aplicable a un grupo de alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 kilocalorías o más por cada 100 gramos (botanas, confitería, productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de fruta y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales y helados, nieves y paletas de hielo). La cúpula empresarial alzó la voz y rechazó esas medidas, pese a que son denominados “impuestos a favor de la salud”. “Desde luego, (rechazamos) el tema de alimentos, que se suma de última hora y de manera improvisada con impuestos que carecen de lógica económica, sin una adecuada justificación técnica y jurídica”, dijo el presidente del CCE. Luego precisó que son decisiones tomadas sin “el necesario proceso de análisis y consulta” que exigen determinaciones que pueden generar distorsiones e impactos muy graves, comenzando por una mayor informalidad económica. Los empresarios dejaron claro que “en este punto nos oponemos a tendencias que han surgido para poner calificativos de manera irresponsable a productos, al igual que al antagonismo que se ha fomentado contra ciertos sectores productivos”. El organismo argumentó su posición en contra de estos gravámenes en un contexto en el que el desempeño económico de nuestro país, puntualizó, no sólo es afectado por las condiciones de volatilidad y debilidad en el sector externo, sino también por los problemas que enfrentan sectores claves del mercado interno. Agregó que también gravita la incertidumbre que existe en torno del paquete fiscal y la viabilidad, rumbo y alcance de éste y de las demás reformas estructurales que hace pocos meses generaron gran entusiasmo. “Todo esto ha llevado a un deterioro de las expectativas de inversión y las ventas, con ajustes en los presupuestos”, alertó el CCE.  

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