GINEBRA (apro).- Sin salirse del lenguaje diplomático, pero en un tono también claro, países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas instaron a México a cumplir compromisos todavía pendientes en la materia como los referentes a la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, la eliminación de las leyes de la figura del arraigo y del fuero militar para el caso de  violación de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra  civiles, así como mayor trabajo para brindar  acceso a la justicia a las mujeres. Lo anterior ocurrió en el marco de la 17 sesión del Examen Periódico Universal (EPU) y que este miércoles 23 colocó al Estado mexicano en la palestra para ser evaluado por segunda ocasión en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos. Durante una sesión realizada en el Palacio de las Naciones de la ONU, y que tuvo una duración de tres horas y media, la delegación mexicana, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, presentó los avances y seguimiento a las recomendaciones recibidas hace cuatro años. En su discurso, el canciller aseguró que en este 2013, “México registra avances concretos en la promoción, respeto y protección a los derechos humanos. Se lleva a cabo un proceso de transformación estructural y modernización del orden constitucional y legal que consolidará una política de Estado en la materia”. Así, enumeró las reformas constitucionales que se han realizado, así como los programas y políticas públicas que desde el gobierno se han implementado para “consolidar la cultura de los derechos humanos”. Destacó, por ejemplo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 y la renovación del juicio de amparo, este último como un mecanismo efectivo de protección. En lo referente a justicia militar, Meade Kuribreña aseguró que el Poder Legislativo trabaja ya en la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar que eliminará el fuero militar. Y tras reconocer que el país todavía enfrenta retos, aseguró que el Estado mexicano ha atendido satisfactoriamente las recomendaciones formuladas durante el primer ciclo de evaluación del EPU en el año 2009. Por su parte, fueron 89 países los que se inscribieron en la ronda para presentar su posicionamiento y expresar públicamente sus recomendaciones al estado mexicano. La delegación mexicana fue numerosa, al rededor de 40 miembros, y junto con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, participaron en la sesión la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón; el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña; el ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, Rubén Moreira.