Piden transparencia en manejo de recursos sindicales

miércoles, 23 de octubre de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- En la presentación del cuaderno La transparencia sindical, otra larga marcha, organizada por la Fundación Friedrich Ebert y la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), el compilador Luis Emilio Giménez Cacho criticó el escandaloso manejo de recursos por parte de los gremios, lo que impide la defensa de los derechos de los trabajadores. En la presentación del texto, Jacqueline Peschard, comisionada del IFAI, rechazó las posturas que aluden a la independencia sindical para no informar el destino de los recursos. Mientras, Ricardo Raphael, miembro de la Red, destacó que el flujo de recursos a los sindicatos no puede ser secreto de Estado. Giménez Cacho, sociólogo especialista en temas laborales, recordó el llamado Pemexgate, es decir, el millonario desvío de recursos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) a la campaña presidencial del ahora senador priista Francisco Labastida Ochoa, en el 2000, como un ejemplo de cómo las dirigencias sindicales dilapidan recursos sin dar cuentas a nadie. “El Pemexgate no fue otra cosa más que dinero del Estado mexicano que terminó en las arcas del PRI para favorecer una candidatura presidencial”, indicó. También se refirió a la defenestrada exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien está en prisión, apuntó, precisamente por el mal uso y el destino incierto de los recursos públicos que le fueron entregados al sindicato, indicó el coordinador general de la Red, Mauricio Merino. “Pero no sabemos bien a bien el origen ni el destino exacto de ese dinero. No tenemos flujo de información suficiente para saber qué pasó con ese dinero del SNTE, y lo que escribe Luis Emilio Giménez Cacho es de primera importancia: la poca o mucha información que hoy tenemos en la mesa es fruto de la larga marcha por tener acceso a la información", destacó. El secretario general adjunto del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STPRM), Francisco Hernández Juárez, puso el dedo en la llaga del corporativismo sindical, al señalar que se ignora cuánto del dinero público reciben los gremios, sino también en la existencia de contratos de protección en detrimento de los derechos de la clase trabajadora. “Insisto en que la transparencia es un asunto central. El gobierno tiene la llave para definir cómo debe ser el diseño de los contratos colectivos. Contratos de protección como los que ofrece Ramón Salvador Gámez Martínez, el zar de los contratos de protección patronal, que son los contratos que representan la fase superior del corporativismo", acusó. También destacó que la empresa Walmart tiene fama de propiciar esquemas de corrupción, pues cuando quiso entrar al mercado mexicano fue Gámez quien le ofreció “el menú” de contratos de protección y, antes de instalarse en territorio nacional, la comercializadora ya los había firmado con sindicatos “blancos”, es decir, “sin tener un solo trabajador”, criticó el también presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Hernández Juárez recordó que Gámez fue descubierto llevando a empaquetadoras de WalMart, menores de edad, a fiestas donde eran acosadas sexualmente. Por eso fue acusado de trata de menores y condenado a 15 años de prisión. “Pero súbitamente escapó y nadie lo encuentra para seguirle ese proceso, pero sí para firmar contratos de protección patronal”, denunció. Peschard, por su parte, sentenció: “Pensamos que el corporativismo había terminado”, pero no fue así. “Hay una  cultura del corporativismo de alianza y mutua protección entre los entes públicos y sus sindicatos. Cuando decimos ‘Pemex, tienes que dar a conocer cuánto transferiste al sindicato con recursos públicos’, el primero que le habla al sindicato para que se ampare es el propio Pemex”, deploró. Giménez Cacho señaló que si el país se queda sin sindicatos tendrá problemas, pero reconoció que no habrá buenos gremios si no cambia radicalmente la cultura laboral. “Tenemos que construir una política laboral que se finque en el ejercicio de los derechos de los asalariados. El primero: el genuino derecho de asociación”, planteó.  

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