Repite gobierno políticas de seguridad de Calderón, alertan ONG

miércoles, 23 de octubre de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones sociales criticaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto no admita el contexto de violencia en el que se enmarcan las violaciones a derechos humanos en el país, y alertaron sobre la continuidad de la política de seguridad pública que heredó de su antecesor, el panista Felipe Calderón, cuya administración dejó un saldo de 100 mil asesinatos y 25 mil desaparecidos, así como cientos de desplazados. Al realizar un análisis colectivo del Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido el Estado mexicano este miércoles por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, las ONG destacaron el interés que despertó nuestro país, toda vez que 89 naciones participaron en la sesión de evaluación para hacer al menos 180 recomendaciones. Agnieszka Racynska, secretaria ejecutiva de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), recordó que hace cuatro años, cuando México fue sometido por primera vez al EPU, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitieron 91 recomendaciones. Lo grave, de acuerdo con la defensora, “no es sólo el número de recomendaciones, que ahora se duplicaron, sino que volvemos a repetir temas planteados en 2009, e incluso antes, por organismos de la ONU, y que se supone debieron haber sido superados hace cuatro años”. La activista recordó que los temas de mayor interés fueron el de arraigo, justicia militar, tortura, violencia contra las mujeres, erradicación de pobreza, acceso a derechos como la salud, vivienda, alimentación y educación, entre otros, a los que se añadieron los de “desaparecidos, la problemática de la población migrante, de periodistas y defensores, problemática que se agrava en los últimos cuatro años”. En esta ocasión, advirtió, “México llega con una carga muy fuerte, muy pesada en este EPU, y el informe que presenta no logra justificarse ni plantear una propuesta con soluciones posibles a corto o a largo plazos”. En su presentación, señaló, el gobierno mexicano no reconoció “la situación de deterioro de derechos humanos, no se tomó en cuenta en el contexto alarmante de 60 mil afectados por la violencia, 100 mil asesinatos y 25 mil desaparecidos, así como cientos de desplazados, ni se entendió la emergencia humanitaria de la que han dado cuenta organismos internacionales y las mismas organizaciones civiles que no hablamos en abstracto, sino por el contacto con las víctimas”. El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), José Rosario Marroquín, consideró alarmante que la actual administración se distinga por la “violencia invisibilizada y represión focalizada”, así como por la persecución de defensores y periodistas. Lo anterior, denunció, se agrava si se considera que “la violencia que hubo con Calderón está en los mismos índices actualmente”, situación que a escala internacional el Estado mexicano “ha sabido vender, porque hoy prácticamente todos los países están convencidos de que la violencia la origina el crimen organizado y que el Estado está haciendo todo lo posible por combatirla, panorama que oculta la responsabilidad en esto”. Marroquín manifestó su desacuerdo con lo expresado por el canciller José Antonio Meade, en la audiencia de ONU, de que se ha cambiado la política de seguridad, “porque si bien se habla de retiro de tropas en la calle, lo cierto es que hay más militares al frente de las policías municipales”. La directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CMPDDH), Alejandra Nuño, explicó que las 180 recomendaciones se refieren a 29 temas torales abordados por los representantes de 89 estados. También dijo que los temas de mayor preocupación se refieren a la violencia de género en México, la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la trata de personas; luego le siguen la situación de violencia contra defensores y periodistas, fuero militar, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y arraigo. “Hay una preocupación internacional sobre gravísimas violaciones a derechos humanos que se comenten en México”, advirtió Nuño y agregó que, frente a esas alertas, “la respuesta del Estado mexicano fue incompleta”. En contraste con el diagnóstico elaborado por las ONG, apuntó la defensora, el informe presentado por el Estado mexicano “minimiza (los problemas) y sólo hace referencia a los logros, que como sociedad civil reconocemos, entre ellos la reforma constitucional en materia de derechos humanos, las discusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre fuero militar, pero esos avances no se ven reflejados en la normalidad diaria, y es el problema que tenemos en México”. Alejandra Nuño recomendó aguardar la respuesta preliminar que dará el Estado mexicano a las 180 recomendaciones el próximo viernes en Ginebra, y de fondo en marzo de 2014.  

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