MÉXICO, D.F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) censuró la postura adoptada por el gobierno de Enrique Peña Nieto de posponer su respuesta a las observaciones hechas a México durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la semana pasada en Ginebra, Suiza. Tras resaltar que de las 176 recomendaciones hechas por 87 países a México, gran parte correspondían a observaciones planteadas en 2009, la organización internacional consideró que dejar para marzo de 2014 la respuesta a esas puntualizaciones “es una muestra de la escasa voluntad política para atender la grave situación de derechos humanos que vive el país”, pese a que el reglamento del EPU contempla dar un plazo razonable a los Estados analizados a fin de profundizar en los compromisos a adoptar. En una revisión de la jornada de la semana pasada, AI consideró que el número de recomendaciones hechas por los representantes de los Estados a México así como la repetición de temas de preocupación arrastrados desde 2009, refleja la “falta de avances sustantivos en materia de derechos humanos por parte de México”. Para la organización la delegación mexicana encabezada por los subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, Juan Manuel Gómez Robledo y Lía Limón García, respectivamente, “sobredimensionó sus avances en materia de derechos humanos”, que no corresponden a la realidad, que fue eludida. “Las evidentes omisiones en su informe parecerían tener como propósito ocultar la preocupantes fallas en esta materia”, recalcó AI al referirse a la incompatibilidad entre presuntos avances y las cotidianas violaciones a derechos humanos en México. La organización con sede en Londres, Inglaterra, alertó que para “cumplir con estas recomendaciones México necesitará más que palabra o simulaciones, necesitará acciones efectivas”. Además, abundó que la persistencia de los temas de preocupación, como “la protección a periodistas y defensores; la reforma al fuero militar, la eliminación del arraigo, la lucha contra la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la violencia contra las mujeres y el combate a la pobreza, muestra claramente que las medidas presentadas por México en su exposición ante el Consejo de Derechos Humanos son claramente insuficientes para transformar la realidad que afronta el país”. Al considerar que mientras los avances en materia de derechos humanos anunciados por la delegación mexicana están sobredimensionados “que desafiaban la realidad”, la impunidad permanece sobre “las graves violaciones a derechos humanos”. De acuerdo con su análisis, “las autoridades mexicanas pretendieron convencer a la comunidad internacional de que la publicación de leyes y la creación de organismos públicos son la solución a los graves problemas del país, omitiendo casi absolutamente referirse a la realidad que se vive en México”. Amnistía destacó que las principales afectadas por la ausencia de reconocimiento de la fallas del Estado mexicano, son las víctimas “quienes permanecen a la espera de acciones efectivas para asegurar que quienes han cometido violaciones a derechos humanos rindan cuentas ante la justicia”. La mejor forma de demostrar voluntad de corregir la situación, dijo AI, es “anunciar acciones que tomarán (las autoridades mexicanas) para terminar con la impunidad en los casos de desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias”. Para organización el compromiso de las autoridades mexicanas de proteger a periodistas y defensores no será suficiente manteniendo una “estructura burocrática, sino que es esencial que este mecanismo disponga del apoyo político y de recursos adecuados para operar efectivamente”. Otros temas de preocupación de Amnistía Internacional que deben ser atendidos de forma eficaz, son los abusos contra los migrantes, la violencia contra las mujeres y niñas, así como el acceso a la justicia de los indígenas. Con la revisión de la situación de derechos humanos de México en el EPU, concluyó la organización, “nuevamente la comunidad internacional ha reiterado la necesidad de que el gobierno mexicano tenga una clara agenda de derechos humanos”, por lo que corresponde a las autoridades “demostrar a la comunidad internacional, y sobre todo, a la sociedad mexicana, que tomarán en serio su responsabilidad de hacer de los derechos humanos una realidad”.