MÉXICO, D.F. (apro).- La iniciativa privada, agrupada en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), denunció que “rayan en el terrorismo” las acciones de grupos de autodefensa, en particular los que operan en Michoacán. En su mensaje semanal, el organismo presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani señaló que son inquietantes las acciones de la sociedad para defenderse de la violencia al no ver respuesta de las autoridades. “Se han presentado actos que rayan en el terrorismo y evidencias de localidades donde los criminales ejercen, de facto, un poder paralelo al de las instituciones”, acusó. También preocupa, advirtió, “que se incumpla con compromisos realizados públicamente para implementar las medidas necesarias para que los gobiernos, en sus tres órdenes, puedan responder con eficacia al desafío de la delincuencia”. El CCE insistió en que si bien ante contingencias como la que se presentó en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se recurre al Ejército, persiste la demanda de que sean resueltas las fallas estructurales en las policías y órganos civiles de prevención y procuración de justicia. “Sin duda, había que hacerlo, pero nuevamente la demanda es que se resuelvan las fallas estructurales en las policías y órganos civiles de prevención y procuración de justicia, para que este tipo de intervenciones sean temporales, y no una medida permanente”, acotó. El problema de la violencia ya tiene consecuencias en la economía, de acuerdo con el sector empresarial. “Las actividades de diversos sectores económicos, en las zonas más afectadas, se ven amenazadas, deterioradas o interrumpidas por robos, secuestros y la extorsión por diversos medios: cobro de piso, de derecho de paso, por hectárea, por cabezas de ganado o como cuotas sobre la producción y los procesos de negocio”, aseguró. En la agenda para disminuir la inseguridad en el país, siguen pendientes las reformas para crear policías estatales con mando único “y, lamentablemente, no existen mecanismos efectivos para obligar o sancionar a las autoridades de muchas regiones del país para que cumplan con sus responsabilidades y compromisos”. No sólo eso, también la corrupción es otro flagelo que penetra en las esferas de los tres niveles del gobierno. Al respecto, el CCE dijo que “el llamado que hacemos es a ya no retrasar más la urgencia de echar a andar un gran movimiento nacional contra estos flagelos, y en particular conminamos a los legisladores a acelerar la definición y aprobación de la Comisión Nacional contra la Corrupción”. También planteó que es necesario atacar las bases de la fuerza de la delincuencia, así como remediar las debilidades del Estado mexicano para enfrentar al crimen. “Romper sus cadenas logísticas y relaciones con policías y funcionarios públicos corruptos, así como con empresas y particulares que cooperan con el crimen. Es prioritario que el combate al lavado de dinero dé mayores resultados”, recomendó la cúpula empresarial. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2012 se cometieron 105 mil 682 secuestros a lo largo y ancho del país. Es decir, un total de 290 ilícitos diarios. No sólo eso, según el último Informe sobre el índice de percepción de corrupción, elaborado por Transparencia Internacional en México, siete de cada diez ciudadanos consideran que la corrupción de autoridades y policías ha aumentado significativamente en los últimos dos años, y es la misma ciudadanía la que reconoce haber cometido sobornos en uno de cada tres casos.