MÉXICO, D.F. (apro).- Desde 2010, las principales agencias de inteligencia civiles y militares de Estados Unidos operan en esta ciudad un centro de espionaje que se encuentra en la sede diplomática de ese país, en Paseo de la Reforma. Según un memorándum de 2010 del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) obtenido por The National Security Archive y Noticias MVS a través de la Ley de Transparencia de Estados Unidos, se trata del “Centro de Fusión México” y es operado por agentes y oficiales del Pentágono, de Inteligencia y, en particular, de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) cuyas acciones de espionaje fueron filtradas a distintos medios de comunicación por el extécnico Edward Snowden. El documento confirma la participación de Agentes del Comando Norte estadunidense, encargado de cuidar la entrada a Estados Unidos por tierra mar y aire, y de participar en “misiones especiales” ordenadas desde la Casa Blanca y el Pentágono. El Centro de Fusión México cuenta con al menos 10 computadoras conectadas con el Protocolo Secreto de Internet (SIPR) y con el Sistema Mundial de Comunicaciones de Inteligencia (JWICS). También con al menos seis oficiales de distintas agencias: tres elementos del Comando Norte, uno de la Agencia Geoespacial, otro de la Agencia de Inteligencia de la Defensa y otro más de la NSA. El centro está conectado al sistema global de transmisión (GBS, por sus siglas en inglés), que provee de comunicaciones satelitales de orden militar; tiene dos estaciones de trabajo para monitoreo satelital y cuenta con un equipo de comunicaciones ‘Trojan light’ para transmisión segura de voz y datos. El informe desclasificado fue escrito por Pwill Weschler, cabeza de la oficina antinarcóticos y amenazas globales del Pentágono, para Mike Vickers, asistente ejecutivo de la Secretaría de la Defensa para operaciones especiales y conflictos de baja intensidad y capacidades interdependientes. Según la investigación de The National Security Archive y Noticias MVS en los documentos del Pentágono no hay constancia de que el gobierno del expresidente Felipe Calderón estuviera enterado del Centro de Fusión porque la información fue etiquetada como “Noforn”, es decir, que no podía ser compartida ni conocida por extranjeros. La investigación conjunta señala que ya se sabía de la existencia de Centros de Fusión en la Ciudad de México y otro en Monterrey, Nuevo León y que fue el propio expresidente Felipe Calderón quien pidió que se trajera este tipo de centros de espionaje, según consta tanto en los documentos desclasificados por el Pentágono como en un cable de Wikileaks. Lo que no se sabía, según dicha investigación, es que existe un Centro de Fusión, operado sólo por agencias estadunidenses, con tecnología utilizada para labores de espionaje, operado por la NSA, ubicado en la Ciudad de México. El semanario Proceso dio luz al respecto desde 2010. En noviembre de ese año publicó que nueve agencias de inteligencia se instalaron en un edificio en el número 265 de Paseo de la Reforma, a un costado de la embajada de Estados Unidos (Proceso 1776). Desde esa fecha Estados Unidos logró lo que siempre había querido: tener agentes del Pentágono en México. También llegaron agentes del Departamento de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro, integrados en la llamada Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), creada por la Iniciativa Mérida. Pero hay otro antecedente. En diciembre de 2005, mucho antes de que México y Estados Unidos comenzaran las negociaciones de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado inició el proceso de licitación para la compra de un equipo capaz de "interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México" (Proceso 1915). El consentimiento de Vicente Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país fue resultado de la alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en territorio estadunidense en septiembre de 2001. De acuerdo con la licitación S-INLEC06R4042, el propósito del Departamento de Estado fue muy claro: ayudar a disuadir, prevenir y mitigar actos de importantes delitos federales en México, que incluyan narcotráfico y terrorismo. La agencia directamente involucrada fue la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley. El destinatario del equipo fue la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Daniel Cabeza de Vaca, pero según la licitación estadunidense, la encargada de la operación fue la Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida en ese momento por García Luna, quien dijo a Estados Unidos que debía intervenirse prácticamente todo: correos electrónicos, mensajes por teléfono, chats, transferencias de archivos, conversaciones telefónicas y todas las plataformas de comunicación posibles. "El sistema propuesto debe cumplir con los requerimientos señalados por la AFI", dice el anexo 1 de la licitación, publicado por el Departamento de Estado el 1 de diciembre de 2006, fecha de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de México. García Luna propuso "la intercepción de llamadas objetivo y sesiones" de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iusacell, Cisco y Prodigy. La licitación señalaba: "Adicionalmente, el cliente desea el establecimiento de un centro de monitoreo con capacidad de reproducción en tiempo real, decodificación de fax, decodificación de paquetes de datos, almacenamiento de llamadas de al menos 25 mil horas, almacenamiento de las sesiones de información, 30 estaciones de monitoreo e impresoras y localización de celulares y transporte de señales". A cambio, la AFI entregó la cartografía del Atlas de las Telecomunicaciones de México. La adjudicación no se concretó sino hasta el 23 de febrero de 2007, cuando comenzaba el gobierno de Calderón y García Luna ya era titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ahora desaparecida y cuyas funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación (Segob). Con la llegada de Enrique Peña Nieto al gobierno la relación con las agencias estadunidenses quedó temporalmente congelada, según dijeron a Proceso funcionarios de los dos gobiernos. Uno de ellos que participa en el intercambio cotidiano con las agencias de inteligencia estadunidenses, reveló: "Desde que descubrimos el tipo de labor policial y de espionaje que llevaban a cabo la DEA y la CIA en el país, entre otras agencias, la orden emitida por la Presidencia fue: 'Pónganles un alto'". La fuente señaló que desde el proceso de transición entre el gobierno de Calderón y Peña Nieto Gobernación supo que los sistemas de espionaje de Estados Unidos no se dedicaban exclusivamente a combatir al narcotráfico. "Fuimos testigos de cómo los agentes de la CIA manejaban los sistemas de interceptación de llamadas telefónicas y de la red de internet para otro tipo de actividades de inteligencia: entiéndase el espionaje político", dijo el funcionario mexicano.