AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- El exgobernador Luis Armando Reynoso Femat solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva su situación legal en el caso de la denuncia que enfrenta por el presunto delito de peculado por la simulación de la compra de un tomógrafo. Fuentes cercanas al exgobernador adelantaron a Apro que será en el transcurso de esta semana cuando el propio Reynoso Femat pida a la Corte que resuelva sobre la constitucionalidad de las acusaciones que pesan en su contra. En el 2008, el director del Instituto de Salud (ISEA), Ventura Vilchis Huerta, solicitó 13.8 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas para la compra de un tomógrafo para el hospital Tercer Milenio del gobierno estatal. Raúl Cuadra, titular de Finanzas, realizó la transferencia bancaria en favor de la empresa Asesoría y Logística Empresarial, representada por Verónica Shadai Espíndola Palma, quien vendió el aparato. Pese a que se consumó la compra, el aparato nunca llegó a su destino. Dos años después, en 2010, cuando entró en funciones la administración del priista Carlos Lozano de la Torre, el nuevo director del ISEA, Francisco Esparza Parada, decidió interponer una denuncia penal en contra de quien resultara responsable por la simulación de la compra del tomógrafo. Luego de ello fueron giradas órdenes de aprehensión en contra de Ventura Vilchis, quien el año pasado estuvo preso por tres meses, y del extesorero Raúl Cuadra García, quien está prófugo de la justicia. También se giró orden de captura en contra de Reynoso Femat, de Verónica Espíndola Palma y de algunos funcionarios menores. A principios de este mes, el juzgado cuarto colegiado del noveno circuito con sede en Zacatecas otorgó un amparo de fondo al exgobernador, sin embargo, el procurador Felipe Muñoz anunció que solicitaría la revisión del caso, al argumentar que el mismo juez determinó otorgar un amparo a la vendedora del tomógrafo, Verónica Shadai Espíndola Palma, recurso revocado por un juez de circuito local, quien determinó sostener la orden de aprehensión en contra de la empresaria. Además, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó la revisión del amparo para sostener la orden de aprehensión contra Reynoso Femat. Sin embargo, ante la posibilidad de que un juez federal decida revocar el amparo de fondo concedido a Reynoso Femat en Zacatecas, el exmandatario buscará que la SCJN atraiga el caso para resolverlo en definitiva. Luis Armando Reynoso solamente estaría esperando saber en qué juzgado de circuito recae su caso para que éste se declare competente para brindar información a la SCJN para que sea atraído o rechazada el asunto. Larga lista de acusaciones Reynoso Femat también está amparado por la venta de terrenos oficiales en 3 millones de pesos, cuando su valor real era de 19 millones. Esa transacción se realizó durante el último año de gestión de Reynoso Femat, cuando la empresa Urbi, una de las inmobiliarias más grandes del norte del país, adquirió los lotes. Por este asunto también se giró orden de captura al gerente de la empresa en Aguascalientes, Jaime Álvarez, quien regresó parte de los terrenos al gobierno estatal. Asimismo, el exgobernador está amparado por la donación ilegal de terrenos a favor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Reynoso Femat realizó la donación del terreno aparentemente de forma ilegal, y por este caso tiene también orden de aprehensión su exsecretario de Desarrollo Económico, Armando Jiménez San Vicente. Luego de ello, fue detenido el notario Fernando Quezada Leos, quien testificó la transacción a favor del CIDE y a quien le fue concedido un amparo apenas el fin de semana anterior. Aparte de todos estos casos, aseguró el procurador Felipe Muñoz, el exgobernador encara averiguaciones previas por el robo de dos aparatos de espionaje telefónico sustraídos de la PGJE, y una denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en la que está involucrado su hijo, Luis Armando Reynoso López, así como un presunto prestanombres de ambos, Fernando Loperena. Finalmente, el exmandatario encara otras tres demandas similares a las de la compraventa de los terrenos a favor de Urbi y la cesión de terrenos a favor del CIDE, denuncias por las que ha buscado ampararse, debido a que no se le ha girado orden de aprehensión alguna por estos casos.