WASHINGTON (apro).- La Corte Federal del Distrito Sur del estado de Texas develó este miércoles el encauzamiento judicial en contra de Jorge Juan Torres López y Héctor Javier Villarreal Hernández, exgobernador interino y extesorero del estado de Coahuila, respectivamente, por los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude, entre otros. Ambos exfuncionarios enfrentan cuatro cargos federales, por lo que podrían recibir penas de hasta más de 30 años de cárcel. De acuerdo con el expediente judicial, Villarreal Hernández y Torres López depositaron más de 2 millones de dólares, cada uno, en cuentas bancarias en Las Bermudas. Los cargos señalan que el exgobernador interino y a su vez extesorero del estado de Coahuila, al igual que Villarreal Hernández, también extesorero de la entidad norteña, nunca pudieron demostrar la legitimidad de los fondos que enviaron a las islas. “Las acusaciones indican que Villarreal Hernández enfrenta cargos en México, por falsificar documentos sobre créditos fraudulentos para poder robar dinero del gobierno federal”, dice el encauzamiento en Texas, a cargo del fiscal federal Kenneth Magdison. Y agrega: “Los cuatros cargos contra estos dos exfuncionarios del estado de Coahuila son conspiración para lavar instrumentos monetarios, fraude bancario, fraude postal e interbancario”. La Corte federal texana explica que a Villarreal Hernández se le acusa de lavado de dinero, fraude bancario y postal. Para el caso del exgobernador interino, las acusaciones que enfrenta son de lavado de dinero, fraude bancario e interbancario (transferencias electrónicas de dinero de banco a banco). Los documentos que presentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de los dos exfuncionarios estatales mexicanos “destacan registros de varias transferencias bancarias con montos significativos, realizadas en bancos estadunidenses”. De ser declararos culpables por lavado de dinero, Villarreal Hernández y Torres López recibirían una condena de hasta 20 años de prisión. Por el cargo de fraude bancario la sentencia sería de hasta 20 años de cárcel, y por el de fraude postal hasta 30 años, amén de que tendrían que pagar multas por varias decenas de miles de dólares. Los dos exfuncionarios fueron también declarados fugitivos de la justicia estadunidense, por lo que el Departamento de Justicia pidió la asistencia de cualquier persona para dar con el paradero de los dos acusados. Los datos sobre el paradero de los acusados deberán ser transmitidos a la Oficina de Tarea del Área de Tráfico Intenso de Drogas en San Antonio, Texas, de la Administración Federal Antidroga (DEA); al teléfono 210-499-2900.