MÉXICO, D.F. (apro).- En menos de 48 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pusieron en tela de juicio a la procuración de justicia en el estado de Chihuahua, gobernado por el priista César Duarte Jáquez. En el primer lugar, por el caso de la excarcelación de uno de los presuntos implicados en la masacre de Villas de Salvárcar, Israel Arzate, y, en el segundo, por la cadena de errores que se cometieron en el caso de la activista Marisela Escobedo Ortiz. A pesar de que el Fiscal General chihuahuense, Jorge González Nicolás, aseguró que el juicio contra Israel Arzate sigue abierto porque su liberación no fue porque no tenga responsabilidad en la masacre de Villas de Salvárcar, sino por un amparo que logró contra el proceso de vinculación. "Él no ha sido juzgado todavía, es un amparo en contra de un auto de reclusión preventiva nada más; por lo tanto, si hubiera nuevos elementos de peso, por supuesto que se estarán presentando y se volvería a iniciar otra vez el proceso", dijo. Un día después de la excarcelación de Israel Arzate, la CNDH emitió la recomendación 44/2013 contra el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez, por la deficiente procuración de justicia en el asesinato de la activista Marisela Escobedo Ortiz. La CNDH, relató que de acuerdo con notas periodísticas, el homicidio de Marisela Escobedo Ortiz, ocurrió el 17 de diciembre de 2010, cuando se encontraba realizando una manifestación pacífica frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Escobedo Ortiz había iniciado una serie de protestas pacíficas para exigir justicia en el asesinato de su hija, caso que pese a sus propias investigaciones no llegó a tener avances. En su investigación, la CNDH documentó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad, en contra de la defensora de derechos humanos. La Recomendación incluye el agravio a tres víctimas y ofendidos del delito, derivado de las irregularidades atribuibles a servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua y de la actual Fiscalía General de esa entidad federativa. Por ello, en su Recomendación 44/2013, la CNDH pide al gobernador Duarte que se instruya al fiscal general del estado, a fin de que, a la brevedad, se implementen las acciones necesarias para otorgar a los familiares de Marisela Escobedo Ortiz, la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria, hasta en tanto cesen los padecimientos psíquicos y médicos generados por la pérdida. Además, pide que se tomen las medidas para que se ofrezca una disculpa institucional a los familiares de la luchadora civil, y se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los referidos.