Revira ombudsman a Semar: abusos de marinos quedan impunes

martes, 10 de diciembre de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- El incremento de quejas recabadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto de abusos cometidos por miembros de la Secretaría de la Marina (Semar) –aunado al hecho de que algunos hayan sido atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR)–, no ha modificado el manto de impunidad que cubre a los perpetradores de los agravios, acusó el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez. Esto se suma a la reciente declaración del secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz, quien aseguró que grupos del crimen “filtran” información a la CNDH para provocar la salida de las fuerzas armadas en estados como Tamaulipas, donde reconoció un aumento de quejas contra sus miembros. Ramos Vázquez recordó que los abusos de los miembros de la Marina no son nuevos. “Se mantiene la misma política de protección a los marinos, incluso en abusos tan graves como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. El pasado lunes 9, en conferencia de prensa para informar sobre la aceptación de recomendaciones hechas por la CNDH a la Semar, Soberón Sáenz dijo que la delincuencia organizada utiliza las denuncias por abusos para presionar mediáticamente y obligar a esa dependencia a salir de las zonas de operación, lo que ha ocurrido en Nuevo Laredo tras la aprehensión de Miguel Treviño Morales El Z-40, el 15 de julio pasado. “No quiero decir que no son ciertas, simplemente que llama la atención de que a partir de esa fecha aumentaron estas quejas”, dijo el funcionario. Como lo publicó el semanario Proceso en agosto pasado, la presencia de las fuerzas armadas en la región de Nuevo Laredo ha derivado en un incremento sustancial de quejas ciudadanas por abusos que han sido documentadas por la CDHNL: mientras durante el sexenio de Felipe Calderón esa organización registró 432 quejas, en los primeros ocho meses del sexenio de Enrique Peña Nieto documentó 95 casos, lo que representa 22% de los reportes del anterior gobierno. Entre los casos documentados por el CDHNL está la desaparición en Nuevo Laredo de José Martínez Chigo, Diana Laura Hernández Acosta y David Raúl Álvarez Gutiérrez, y en Colombia, Nuevo León, de Humberto del Bosque Villareal, hechos atribuidos a tres diferentes actuaciones de los marinos ocurridas entre el 30 de julio y el 3 de agosto pasados. El cuerpo de Del Bosque Villarreal, en estado de descomposición y con un impacto de bala en la nuca, fue descubierto el 3 de octubre en un paraje cercano al campamento de la Semar en Colombia, Nuevo León, municipio cercano a Nuevo Laredo. En entrevista con Apro, Raymundo Ramos lamentó que la presentación de quejas ante la CNDH, y que de ellas tengan conocimiento dependencias como la Secretaría de Gobernación, la propia Semar y la PGR, e intervengan instancias internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUDH), “no hay avances en las investigaciones”. Ramos destacó que de nada ha servido la atracción de la PGR, por lo menos en el caso de Del Bosque Villarreal, que supuestamente permitiría la imparcialidad en las indagatorias, pues la dependencia “no tiene ningún interés en encontrar a los responsables, en sancionarlos y consignar el expediente a un juez, estamos hablando de una impunidad total”. En el caso de Del Bosque Villarreal, donde un caso de desaparición forzada se convirtió en una ejecución extrajudicial, apuntó, la CDHNL y los abogados de la familia cuentan con “ocho testigos ellos dos policías locales que presenciaron cuando los marinos detuvieron al muchacho, un parte informativo oficial en el que los policías municipales dan cuenta de los hechos, los números de los vehículos en los que viajaban los marinos, entre otros elementos, que hemos puesto a disposición de la PGR pero no han querido terminar la averiguación ni menos consignar a un juez”. En los otros casos, añadió, se tienen varios testimonios de personas de que marinos realizaron las detenciones, y en el caso de Martínez Chigo y Hernández Acosta, quienes estaban juntos, hay quienes vieron cómo fueron introducidos a un campamento militar en Nuevo Laredo, mientras que en el caso de Álvarez Gutiérrez, “hay un video de una cámara de seguridad de una gasolinera, en el que se ve que cómo los marinos detienen al muchacho”. Sin embargo, acusó Ramos Vázquez, “sin variar todos los casos la Semar envió documento a la PGR que dice que ellos no fueron, que fueron delincuentes que portaban uniformes apócrifos, y de ahí no se mueve la investigación, evidentemente hay una protección de alto nivel para las fuerzas armadas”. El defensor señaló que la PGR ni siquiera ha podido llamar a declarar a los marinos que intervinieron en el caso Villarreal, “a pesar de que tiene facultad para arraigarlos, la Semar se ha negado a participar alegando en el documento que dice que ellos no fueron”. Reconoció que hasta el momento, sólo el oficial que estaba al mando del destacamento en Colombia, Nuevo León, el capitán Raúl Sánchez Labrada, ha rendido su declaración en las oficinas de la PGR en el Distrito Federal, donde fue transferido, pero “no está arrestado ni sujeto a proceso”. Ramos Vázquez insistió en que la “protección de muy alto nivel” hacia miembros de la Marina que cometieron abusos, es parte de una política que se arrastra desde el sexenio pasado. “Hay una recomendación, la 39/2012, sobre la desaparición forzada de seis hombres en 2011, hechos de los que fueron responsables miembros de la Semar como lo comprobó la CNDH, pero hasta ahora se desconoce el paradero de esas personas y no hay un solo marino detenido o procesado, un resultado esperado toda vez que el caso estuvo sometido al fuero militar, donde el asunto fue cerrado”. Al señalar que la PGR está “dilatando la petición de justicia” de víctimas y de sus familiares, el presidente de la CDHNL reclamó al presidente Enrique Peña Nieto que no haya modificado la estrategia de seguridad, “que permite que los abusos se perpetúen, por lo que sus declaraciones a favor de los derechos humanos son mensajes de buenas intenciones, pero hasta ahí”.

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