Cierra 2013 con amenazas, presiones y ataques contra periodistas: Artículo 19

miércoles, 18 de diciembre de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- Al tiempo que la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, alertó sobre un cierre violento del año para la prensa, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evidenciaron el desinterés de las autoridades para atender las medidas de seguridad ordenadas por ese órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación. Artículo 19 manifestó este miércoles su preocupación por las tres últimas semanas de violencia continua contra trabajadores de los medios de comunicación en Oaxaca, Quintana Roo, Puebla y Veracruz, entidades donde se registraron 12 ataques a la libertad de expresión. De acuerdo con el director general de la organización para México y Centroamérica, Darío Ramírez, las agresiones contra la prensa mexicana “tienen como objetivo inhibir el ejercicio periodístico”, en tanto que se observa a “unas autoridades sin capacidad para garantizar la protección a los periodistas”. Como ejemplos representativos, Artículo 19 mencionó algunos casos, entre ellos el del semanario Luces del Siglo de Quintana Roo, que reportó la publicación de dos ediciones apócrifas en los últimos 10 días. Además, el pasado martes 17 el periodista Ismael García Morales, del diario Noticias de Oaxaca, fue agredido físicamente por personas presuntamente vinculadas al diputado local del PRI, Fredy Gil Pineda. El hecho, ocurrido durante la sesión en la que el Congreso local discutía la reforma energética, fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En un comunicado, Artículo 19 también documentó amenazas y presiones contra un periodista en Puebla, quien “por cuestiones de seguridad decidió no dar a conocer su nombre”, mientras que en Veracruz personal de seguridad del dirigente del Partido Cardenista, Antonio Luna Andrade, “agredió a reporteros que pretendían entrevistarlo tras el bloqueo que encabezó en las calles aledañas a la Plaza de Lerdo en Xalapa”. Tras resaltar que 90% de las agresiones contra periodistas permanecen en la impunidad, la organización exigió a las autoridades encargadas de las investigaciones “recabar toda la información posible, no descartar ninguna línea de investigación y consignar sus investigaciones a los jueces, para que sean éstos los que dicten las respectivas sentencias”. La falta de protección al gremio se evidenció con la denuncia presentada por integrantes de la sociedad civil del Consejo Consultivo del Mecanismo, quienes informaron que a casi 11 meses de que se ordenaran medidas de protección para la periodista Carmen Olsen, el gobierno de Baja California, donde vive la comunicadora, no ha detenido la campaña de hostigamiento y amenazas en su contra. En una carta firmada por los consejeros Agnieszka Racynska, Edgar Cortez, Jade Ramírez, Jorge Israel Hernández, Michael Chamberlain, Pablo Romo y Rogelio Hernández, se describe que a partir de una agresión contra Carmen Olsen o María del Carmen Cabañas, el pasado 4 de enero –atribuida a funcionarios del ayuntamiento de Playas de Rosarito, ente ellos el secretario de Seguridad Pública, Francisco Castro Trenti, actual subprocurador de Derechos Humanos de Baja California y hermano del excandidato del PRI a la gubernatura, Fernando Castro Trento–, la comunicadora fue integrada al Mecanismo de Protección. No obstante, el hostigamiento contra Olsen se mantiene a través de una persecución judicial, pese a que se dictaron medidas, mismas que fueron supervisadas el pasado 24 de noviembre por representantes de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en reuniones con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Publica y la Procuraduría General de Justicia de Baja California. De acuerdo con los consejeros del Mecanismo, persiste una “reactivación de acciones de criminalización en su contra” a través de un “juicio penal por los delitos contra el honor a través del proceso penal 525/2013, radicado en el Juzgado de Primera Instancia Penal ubicado en Playas de Rosarito, Baja California”. Los integrantes civiles del Mecanismo recordaron que los delitos contra el honor “no son compatibles con los tratados internacionales ratificados por México, debido a que coartan el derecho a la libertad de expresión”. A ello se suman recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de las relatorías especiales de libertad de expresión de ese organismo y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se eliminen los delitos contra el honor y se despenalicen los delitos de calumnia, difamación e injurias, “modificaciones que no se han realizado en el marco normativo vigente en el estado de Baja California”. El caso de Carmen Olsen, precisaron los consejeros, formó parte de la Recomendación General 29 de la CNDH sobre agresiones a periodistas, demandando al ayuntamiento de Playas de Rosarito una investigación y sanción administrativa a los funcionarios involucrados. De manera general, a los gobernadores de los estados la CNDH les recomendó garantías de seguridad y prevención para que el gremio “no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna”, así como instrumentar políticas públicas para proteger a periodistas que “cubren situaciones de riesgo”, y promover en las legislaturas que se despenalicen los delitos de prensa. Los consejeros demandaron a las autoridades de Baja California que “cesen las agresiones y actos de intimidación en contra de Carmen Olsen”, y que garanticen las condiciones de seguridad para que los periodistas sigan ejerciendo su labor, “inhiban la participación de funcionarios en actos que atenten en contra de éstos, respeten las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo y realicen lo que corresponda derivado de las medidas de protección dictadas”. Asimismo, exhortaron a las autoridades municipales de Playas de Rosarito a realizar las investigaciones correspondientes por las agresiones en contra de Olsen, y “garanticen su seguridad y el ejercicio de su labor periodística”.

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