Arraigados no tienen que ver con ataque a españolas, sino con otro caso

lunes, 11 de febrero de 2013 · 21:08
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero aseguró esta tarde en Acapulco que en el caso de la violación de seis turistas españolas “ya hay detenidos, ya hay procesados”. Incluso, aseguró que en breve serán presentados ante los medios. Pero lo que no dijo es que ninguno de los seis jóvenes detenidos está implicado en la violación de las jóvenes españolas, sino en un hecho ocurrido en octubre pasado en el mismo puerto de Acapulco. “Hasta el momento los detenidos no están vinculados al caso de las turistas españolas, así lo planteó el Ministerio Público ante el juez que autorizó la solicitud de arraigo”, indicó una fuente oficial consultada por Apro. El grupo de extranjeros fue atacado el lunes 4 por cerca de 15 sujetos armados y encapuchados, quienes irrumpieron en una posada ubicada en el punto conocido como San Andrés Playa Encantada, rentada por 14 turistas, 13 de nacionalidad española y una mexicana. No obstante, el mandatario evadió hoy precisar la causa por la que seis jóvenes capturados desde el viernes pasado en la zona donde ocurrió la agresión sexual contra las españolas fueron arraigados y sujetos a investigación. Lo anterior durante un acto público efectuado en Acapulco, donde familiares de los arraigados irrumpieron y cuestionaron directamente a Aguirre sobre las imputaciones contra los jóvenes. En respuesta, el gobernador acotó: “Si alguien cometió un delito, si no fue necesariamente ése, si hubo otros delitos, pues también tendrán que ser detenidos; pero si no cometieron ningún delito, no hay razón para que ellos estén detenidos, ese es el compromiso”, ofreció. También dijo que en este caso no permitirá que se “fabriquen” culpables y tampoco se vulneren los derechos humanos. Luego, Aguirre volvió a evadir el tema sobre las imputaciones en contra de los arraigados, todos originarios de los poblados de Lomas de Chapultepec y Barra Vieja: “No hay comentarios, no tengo nada que informar en este momento. En este momento no considero pertinente dar ninguna información; en su momento se harán las presentaciones que se deban hacer”, prometió. –Pero usted acaba de decir que hay detenidos por el caso de las españolas –increpó un reportero. –No voy a contestar, gracias, cortó el mandatario. Los seis jóvenes arraigados en Chilpancingo son investigados por un caso de violación ocurrido en octubre pasado y no por la agresión contra las extranjeras, registrada hace una semana en la misma zona de Barra Vieja. Ellos son: Juan Carlos Sánchez Silva, Samuel Sánchez Flores, Manuel Sánchez Flores, José Luis Morales Flores, Iván Alexis Díaz Benítez y Moisés Martínez Mariche Salas. “Hasta el momento los detenidos no están vinculados al caso de las turistas españolas, así lo planteó el Ministerio Público ante el juez que autorizó la solicitud de arraigo”, indicó una fuente oficial consultada por Apro. Todos ellos fueron arraigados con base en un mandamiento judicial expedido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia a solicitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Familiares de los inculpados, quienes durante el fin de semana presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), bloquearon hoy una avenida de la Zona Diamante del puerto para exigir su liberación. Además, otro grupo acudió esta tarde a la sede de la PGJE en esta capital para ver a los detenidos y solicitar información sobre su situación jurídica. Los seis jóvenes se encuentran arraigados en una casa de dos plantas rentada por la Procuraduría estatal y que se ubica en un área restringida en la privada de la calle Juan Jiménez Sánchez, al sur de esta capital, en las inmediaciones de la sede de la Policía Ministerial y el Centro de Cómputo, Control y Comando (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal. En esta casa de arraigo también se encuentran las 11 personas que el viernes 8 fueron entregadas por el movimiento de autodefensa armada de Ayutla y Tecoanapa a las autoridades estatales, con el fin de que se defina su situación jurídica, luego de que permanecieron retenidos poco más de un mes, señalados por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.

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