OAXACA, Oax. (apro).- El gobierno de Gabino Cué hizo un llamado a disolver la “Policía Comunitaria” auspiciada por las autoridades del municipio de Santos Reyes Nopala, encabezadas por el alcalde priista Freddy Gil Pineda, así como a desalentar “de manera inmediata” esa iniciativa. Alejado del marco legal, Pineda Gopar creó una supuesta “Policía Comunitaria” en protesta por las acciones que realizó la Base de Operaciones Mixtas (BOM), donde fueron detenidos dos guardias municipales que portaban armas de uso exclusivo del Ejército. Luego de realizar un pase de lista a la supuesta “Policía Comunitaria”, conformada por unos 200 encapuchados, el edil procedió a instalar un retén en el camino que comunica Santos Reyes Nopala con San Gabriel Mixtepec, con el fin de impedir la entrada a la zona de las fuerzas federales. El presidente municipal, quien ha sido acusado de financiar grupos paramilitares en la región de la Sierra Sur y de operar para el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, justificó su proceder al argumentar que derivó de una decisión de la asamblea comunitaria. En respuesta, el gobierno del estado hizo un firme llamado a las autoridades de Santos Reyes Nopala para que “de manera inmediata disuelvan y desalienten la incorporación no certificada de población civil para realizar actividades de seguridad pública”. Freddy Gil Pineda, exporro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, explicó que la Policía Municipal, conformada por 20 elementos, se desintegró luego de la detención de dos de sus elementos. Es por ello, abundó, que la “Policía Comunitaria” fue armada con palos, machetes y algunas armas de fuego. El comisionado de la Policía Estatal, Roberto César Alfaro Cruz, reveló que el 30 de enero fuerzas federales y del estado realizaron un recorrido como parte del Operativo Costa Segura 2013, debido a la violencia que se registra en la región por su colindancia con el estado de Guerrero. Durante el patrullaje detuvieron a dos personas que dijeron ser policías municipales de Santos Reyes Nopala, pero cuyos nombres no se encontraban dentro de la base de datos ni contaban con la licencia correspondiente que les permitiera portar armas, razón por la que fueron puestas a disposición del Ministerio Público federal. En el caso del edil priista, quien lleva dos periodis en la presidencia municipal, el mando policiaco advirtió que se le “puede fincar una responsabilidad penal”, ya que la Ley General de Sistema Nacional impide que se contrate o dé nombramiento de policía a personas que carezcan de los registros y capacitación correspondientes.