MÉXICO, D.F. (apro).- El Senado de la República turnó a las comisiones de Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos la iniciativa con las 144 reformas –avaladas por todos los partidos políticos, excepto el PAN– para enmendar la recién promulgada Ley General de Víctimas. Ello ocurrió después de que el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia; el presidente de México SOS, Alejandro Martí, y la exdirectora de Causa Común, María Elena Morera, acordaron entregar juntos las reformas propuestas a los líderes de las bancadas del PRI, PRD, PT y PVEM, Emilio Gamboa, Miguel Barbosa, Manuel Bartlett y Pablo Escudero, respectivamente. La iniciativa responde a los cuestionamientos que hizo el expresidente Felipe Calderón y aclara los puntos más criticados desde su promulgación, entre ellos la diferenciación de definiciones y derechos entre víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la delincuencia organizada y de sus familiares, el tope a las indemnizaciones que realizará el Estado, el acotamiento a la burocracia que operará el sistema nacional de víctimas, y la simplificación de trámites. En el encuentro con los legisladores, tanto Sicilia como Martí señalaron que la Ley General de Víctimas era de unidad y que todos los grupos son protagonistas de la misma. Los senadores, a su vez, aseguraron que la iniciativa no llevará color partidista. Llamó la atención la ausencia de la presidenta de México Unido contra la Delincuencia, Isabel Miranda de Wallace, quien junto con Martí ha sido una de las activistas más críticas a la polémica ley presentada el año pasado por el MPJD, que luego fue vetada por Calderón y este mes promulgada por Enrique Peña Nieto. Según explicó Martí, Wallace no acudió porque está enferma, pero se ha manifestado a favor de las iniciativas que atienden a víctimas. Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Ernesto Cordero, anunció que su partido presentará una iniciativa distinta, pese a que los senadores Roberto Gil Zuarth y Javier Corral asistieron al encuentro con los activistas y el último anunció su adhesión a las propuestas planteadas por las organizaciones de víctimas. En entrevista, Sicilia señaló: “Nos parece no sólo un acto de irresponsabilidad, sino de inhumanidad y desprecio por las víctimas que Cordero no haya estado ahí, que no haya estado presente con una ley ya consensuada. La prueba más clara (del consenso) es que estaba ahí Martí”, dijo. Puntos espinosos Tras el encuentro, Apro preguntó a Alejandro Martí qué lo hizo cambiar de actitud. El presidente de México SOS señaló que nunca ha estado en contra de una ley que atienda a las víctimas, y agregó que la iniciativa de reforma presentada este martes resarce las inconsistencias que contenía la ley anterior, ya “que no servía, estaba mal”. El empresario, quien sufrió el secuestro y asesinato de uno de sus hijos, explicó que le preocupaba mucho que la versión anterior no aclarara las diferencias entre víctimas de delincuentes y de derechos humanos. –¿Con esta ley indemnizaríamos a El Chapo si el Ejército lo mata? ¿Es víctima o no? —se le preguntó. –Se diferencian los derechos de las víctimas per se y de las víctimas de derechos humanos. Pongo a Beltrán Leyva como ejemplo, que no es víctima, murió defendiéndose y disparando. Si él se hubiera rendido y lo hubieran acribillado sería víctima, porque afectaron sus derechos humanos. Porque si a ti te están aprehendiendo y te entregas, no pasa nada. Es como los prisioneros en las guerras, hay un reglamento, y tú diferencias al que hace las cosas mal, al criminal, al secuestrador que está en una casa de seguridad y sacan sus metralletas y lo matan para sacar a las víctimas, porque es función de la policía. Al que se rinde y (aun así) lo matan y le cortan las manos, ese se convierte en víctima de derechos humanos –explicó. Martí señaló que todas las organizaciones de víctimas siempre han estado a favor de una ley que las atienda, pero las diferencias han sido “los cómos”, pues la postura de activistas como la señora Wallace, dijo, ha sido que primero se reforme la ley antes de que se promulgue con errores, y la de Sicilia fue contraria: que se promulgue, así necesitara modificaciones, para luego hacerle cambios. Un punto que aún divide a las organizaciones es la eliminación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas (Províctima), que según la ley aprobada debe ser sustituida por un sistema nacional de atención a víctimas. Martí lo considera un error y un tiradero de dinero a la basura, pues “ya se invirtió en Províctima y está funcionando, a lo mejor vamos a  tener que coincidir en los cómos”, subrayó. Otra discusión pendiente es si Secretarías como la de Marina, Defensa Nacional o Seguridad Pública deben ocupar un asiento en el consejo directivo de la instancia que atienda a víctimas, como ocurre con Províctima, postura que el empresario defiende (“para poder sentarlos y pedirles cuentas”), pero otras organizaciones rechazan. Al término del encuentro, al que asistieron familiares con personas asesinadas y desaparecidas, Araceli Rodríguez, integrante del MPJD y madre de un hijo desaparecido, dijo que confía en que las reformas a la ley sean aprobadas para que en breve pueda ser implementada. “Aunque no creemos en todas las promesas hasta no verlas cumplidas, nos dieron esperanzas (…) Ojalá no nos hagan esperar mucho, porque el dolor de las víctimas y la orfandad de los niños no esperan”, señaló en entrevista.