MÉXICO, D.F. (apro).- La cúpula empresarial aseguró que la aparición de los grupos de autodefensa en varias entidades son muestra del hartazgo y la desesperación ciudadana en un país donde la violencia va en aumento y las autoridades están “rebasadas, ausentes, cooptadas o son socias de los criminales”. En su mensaje semanal, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, advirtió: “En las últimas semanas se han presentado sucesos que han colocado nuevamente al crimen y la violencia en el centro de la atención de los mexicanos. Asesinatos, secuestros, ejecuciones, violaciones y abusos de grupos que quebrantan la ley de manera abierta e impune ante la pasividad de diversas autoridades. Hechos que deben ser tomados como signos de alerta para no bajar la guardia”, destacó. Sin embargo, el líder empresarial aclaró que la multiplicación de estas brigadas de autodefensa suelen ser un caldo de cultivo de más violencia, abusos, transgresiones a los derechos humanos y formación de grupos paramilitares. De hecho, la cúpula empresarial reprobó la existencia de las llamadas guardias comunitarias. “Como sector empresarial y como ciudadanos rechazamos tajantemente que guardias que actúan fuera del marco legal puedan ser una solución adecuada a la inseguridad. Consideramos que no deben permitirse, y mucho menos apoyarlas o armarlas”, advirtió el CCE. La revista Proceso destaca en su edición 1895, que circula esta semana, que actualmente hay en el país “36 grupos de autodefensa ciudadana en ocho estados: 20 en Guerrero, dos en Oaxaca, dos en Veracruz, dos en Chihuahua, dos en el Estado de México y uno en Jalisco”. El CCE advirtió este lunes que “estamos a tiempo de evitar que estas guardias se sigan multiplicando, que sean capturadas o inclusive creadas por el crimen organizado o intereses ajenos a las comunidades para generar una problemática fuera de control”. No obstante, consideró que la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país “es producto de la desesperación, ante autoridades rebasadas, ausentes, cooptadas o socias de los criminales”. Asimismo, reconoció que el camino para dejar atrás esta situación será largo y difícil. Además, admitió que las causas de la crisis de inseguridad permanecen inalteradas, es decir, violencia e impunidad son pan de cada día en México, lo que a su vez provoca el hartazgo y el cansancio social. “No podemos acostumbrarnos a la violencia y la impunidad. Una anomalía de estas dimensiones no debe aceptarse como parte de la normalidad. Las causas de la crisis permanecen inalteradas en sus fundamentos; el país está cansado, y harto de la violencia”, enfatizó. El Consejo Coordinador Empresarial incluso dio cifras que evidencian el ambiente de inseguridad que priva en el país: En Japón o en España, de cada 10 homicidios nueve casos se ponen a disposición del juez con los presuntos delincuentes; en México es al revés: en los últimos cinco años los homicidios dolosos que llegaron al conocimiento de los ministerios públicos se duplicaron, hasta los niveles actuales de más de 20 mil por año. Peor aún, la impunidad se incrementó más de 17% hasta la situación vigente: de cada diez asesinatos sólo 2.3 se procesan penalmente. En materia de secuestro, como desde hace más de una década, México ocupa el segundo lugar en el mundo con una tasa oficial de 1.18 por cada 100 mil habitantes. Y añadió que “de poco sirve el aumento en las penas frente a una impunidad de alrededor de 87% en este delito. Y en esto hay que tomar en cuenta la cifra negra: más de 90% de los delitos ni siquiera se denuncia”. Pero eso no es todo, el problema también recae en los ínfimos salarios de los policías, es decir, de los encargados de resguardar la seguridad pública. Según la cúpula empresarial, los sueldos de los policías fluctúan entre poco más de 2 mil 400 a 6 mil 400 pesos mensuales, con una situación laboral precaria. “Debería garantizarse que, una vez que un aspirante a policía cubra requisitos como una carrera policial formal y exámenes de confianza, puedan aspirar a salarios y condiciones de vida dignos” sugirió el CCE. Y de ahí mencionó que México es uno de los países con mayores ganancias para la piratería y el contrabando, así como uno de los lugares propicios para la corrupción, fenómenos que también afectan a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Con este escenario, los empresarios llamaron a la clase política a actuar para regenerar el tejido social y superar un retraso de tres años en la puesta en marcha de las policías únicas estatales. Por el lado de la reforma penal, insistió, se necesita redoblar el esfuerzo: a cinco años del inicio del periodo de ocho años dispuesto para el cambio, sólo en 12 estados se ha iniciado la operación del nuevo sistema, y eso de manera parcial. Es por ello que el CCE sentenció que “todos somos responsables: los tres poderes de gobierno, los municipios, los estados, la Federación y la sociedad en su conjunto. El sector empresarial coadyuvará para abatir esa situación a través de su estructura de vertebración, los consejos ciudadanos e impulsando las reformas que México necesita”.