MEXICALI, B.C. (apro).- Para defensores de derechos humanos de esta frontera, el gobierno de Enrique Peña Nieto no ha dado señales de que la situación migratoria va a cambiar. Un indicativo de ello es la drástica reducción del gasto destinado a los programas de apoyo a los migrantes, especialmente para los repatriados, bajo argumentos eficientistas y poco humanitarios. El investigador José Moreno Mena, representante de la Coalición Prodefensa del Migrante, dijo que el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue fatal en materia de migración porque la política de seguridad del gobierno federal los dejó en un estado de mayor vulnerabilidad. Esta política, prosiguió, puso a los migrantes en medio de una guerra que dejó cientos de muertos, desaparecidos, secuestrados, amenazados, y múltiples violaciones a los derechos humanos y “la matanza de Tamaulipas puso en evidencia la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de las personas en su territorio”. Todas estas situaciones obligaron a crear una ley migratoria federal que “si bien tuvo avances en algunos aspectos, en otros se quedó corta y lo cuestionable es que no tomó en cuenta las demandas de organizaciones civiles defensoras de migrantes que reclamaban la instauración de una política migratoria de Estado”, dijo en el Foro Regional sobre Migración organizado en Mexicali por los diputados federales Fernanda Shoeder, David Pérez Tejada y Benjamín Castillo. La legisladora Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, propuso la integración de un anexo en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el que se establezcan montos de recursos, destino y la responsabilidad de entidades públicas, donde se incluyan además del gobierno federal a las instancias municipales. La exgobernadora de Zacatecas dijo que es impostergable el mantener la interlocución de legisladores y gobiernos de México y Estados Unidos para garantizar la integridad física de los migrantes. Ponderó la articulación de un programa de emisión de actas de nacimiento en quioscos colocados en ciudades fronterizas a fin de que los migrantes cuenten con documentos oficiales y establecer mecanismos para que conocer la identidad de quienes son repatriados por el gobierno de Estados Unidos a México. García Medina se pronunció también por que se detalle la información de quienes son repatriados para no criminalizar a migrantes, porque algunos de ellos cometieron infracciones de tránsito o faltas administrativas.