MÉXICO, D.F. (apro).- Los abogados Arturo Germán Rangel y José Rigoberto González Sánchez asumieron la mañana del miércoles la defensa de la maestra Elba Esther Gordillo, acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos se presentaron al Reclusorio Oriente para asistir a la jefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en su declaración preparatoria ante el juez sexto de Distrito en Procedimientos Penales Federales, Alejandro Caballero Vertiz. Gordillo, de 68 años, ingresó la noche del martes a la cárcel de mujeres de Santa Marta. El miércoles por la mañana, ya con la asistencia de sus abogados, se negó a declarar, pero pidió la ampliación del plazo constitucional para hacerlo antes de que el juez resuelva sobre el auto de formal prisión o de libertad. El plazo se vence la noche del próximo lunes. Los defensores de Gordillo se dedican a litigar asuntos relacionados con lavado de dinero, pero por lo menos uno, Arturo Germán Rangel, también ha tenido que enfrentar a la justicia acusado de enriquecimiento ilícito. Rangel participó en la fiscalía especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para el caso Colosio con el cuestionado Pablo Chapa Bezanilla cuando el titular de la dependencia era el panista Antonio Lozano Gracia, en el gobierno de Ernesto Zedillo. Salió de la PGR en 1996 y regresó 13 años después durante la gestión de Arturo Chávez Chávez, en el gobierno de Felipe Calderón, cuando fue subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales. En 2011, la PGR lo investigó por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión y cohecho. El litigante trabajó en el despacho de Lozano Gracia, socio del panista Diego Fernández de Cevallos, pero en declaraciones hechas el miércoles en el reclusorio, aseguró que ya no tiene relación con ese bufete jurídico. También fue defensor del empresario Fernando García Zalvidea, acusado de lavado de dinero del cartel de Juárez. En el caso de José Rigoberto González Sánchez se trata de uno de los defensores de Chapa Bezanilla, acusado de varios delitos al sembrar una osamenta en el rancho El Encanto para inculpar al hermano incómodo, Raúl Salinas, del asesinato del entonces dirigente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. En 1997 fue también defensor de oficio de los mandos policiacos de las agrupaciones Zorros y Jaguares, implicados en el asesinato de seis jóvenes de la colonia Buenas Aires, en la ciudad de México.