MÉXICO, D.F. (apro).- Controvertida por el expresidente Felipe Calderón y “rescatada” por Enrique Peña Nieto, este viernes entró en vigor la Ley General de Víctimas que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. La ley establece el derecho de las víctimas a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia y no repetición, entre otras garantías consagradas en la Carta Magna, en los tratados internacionales y demás instrumentos en la materia”, según el artículo 2 del precepto legal. Fue publicada el 9 de enero en el Diario Oficial de la Federación donde quedó establecido que entraría en vigor 30 días después de su publicación, es decir, este viernes 8. Sin embargo, aún falta el reglamento de la ley, que deberá expedirse dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor, plazo que vence el próximo 8 de agosto, aunque también se prevé que se presente una iniciativa para “perfeccionar” el nuevo marco legal. La creación del Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación Integral de Víctimas, también incluido en la ley, deberá crearse dentro de los 90 días naturales a partir de esta fecha. Su integración se encuentra actualmente en análisis por parte del gobierno federal, debido a que éste debe estimar los recursos necesarios para hacer efectiva la ley, en particular los destinados a quienes reclamen reparación del daño. Una vez que quede firme este sistema, se conformará una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la que participarán nueve consejeros. En tanto los Congresos locales deberán armonizar sus normas con la Ley General de Víctimas, lo mismo que las autoridades relacionadas con la atención a víctimas. La Ley de Víctimas fue aprobada por el Congreso en abril del año pasado, pero fue “congelada” por el gobierno de Calderón desde el 19 de julio, al negarse a publicarla en el Diario Oficial con el argumento de que tenía “deficiencias”. También regresó la ley al Congreso de la Unión con observaciones. Sin embargo, los legisladores arguyeron que el Ejecutivo hizo las observaciones fuera de los tiempos establecidos por la Constitución mexicana por lo que presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenarla. El 5 de diciembre, recién había asumido la Presidencia, Peña Nieto se desistió de la controversia que interpuso su predecesor y ordenó su publicación el miércoles 9 de enero.