GUADALAJARA., Jal. (apro).- María Guadalupe Ramos Ponce, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México, denunció una doble “victimización” en el caso de la niña de 9 años que dio a luz una bebé el 27 de enero, en medio de un embarazo que pudo ser producto de una violación, según la investigación que abrió la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por su parte, inició su propia indagatoria para poder determinar si la fiscalía y autoridades de la Secretaría de Salud violaron los derechos humanos de la pequeña al filtrar información sobre ese caso a los medios de comunicación y al implantarle un dispositivo subdérmico para evitar nuevos embarazos de la menor, según dijo a Apro el segundo visitador de ese organismo, Javier Perlazca Chávez. El parto de la niña fue atendido en el Hospital Regional de Occidente el 27 de enero y, después del nacimiento de una bebé que midió 50 centímetros pesó 2.7 kilogramos, el personal médico colocó en el cuerpo de la ‘niña-mamá’ un anticonceptivo, con el fin de evitar nuevos embarazos. Después de todo ello el Ministerio Público autorizó el regreso al hogar de la pequeña, sin tomar en cuenta los peligros que corren ella y la recién nacida al momento de reintegrarse al seno familiar, que las autoridades de Salud describen como riesgoso. La madre de la niña que dio a luz presentó ante la CEDH una queja en contra de autoridades estatales por presuntas violaciones a los derechos de la pequeña, desde el 29 de enero, según reconoció Javier Perlazca. Por su parte, la PGJE pidió la colaboración del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para llevar a cabo los peritajes necesarios y determinar con exactitud la edad de la menor y la identidad del padre; también investiga los hechos para determinar si existió o no una violación. El procurador Tomás Coronado Olmos indicó que solicitaron la aplicación de pruebas de ADN para identificar plenamente al progenitor de la recién nacida. “Todos los peritajes que sean necesarios para el esclarecimiento de este asunto se tendrán que llevar a cabo, el Ministerio Público me informó que están solicitando diferentes estudios, el psicológico, y el del entorno social”, acotó. El secretario de Salud, Antonio Muñoz Serrano, admitió que la menor embarazada fue atendida en el Hospital Regional de Occidente y también reconoció que se le implantó un dispositivo subdérmico para prevenir nuevos embarazos. El funcionario comentó que el ambiente familiar de donde proviene la pequeña madre es “sumamente violento” y recalcó que el implante de ese método anticonceptivo fue una acción que se llevó a cabo con pleno consentimiento de la progenitora de la niña. “Quiero comentarles a nivel extraoficial que otra hija (de la misma mujer), que ya vive con otro menor, tiene un implante de ese tipo y eso lo sabemos por las investigaciones que se llevan a cabo”, comentó en una entrevista con una emisora local, el jueves 7. “La madre lo solicitó (el implante) y tengo el consentimiento firmado, ahí estuvo presente la sicóloga, una endocrinóloga, una ginecóloga y, por supuesto, la madre lo sabía”, justificó. Según el funcionario, el dispositivo subdérmico se puede retirar en cuanto se garantice que la ‘niña-mamá’ se encuentra en “un lugar seguro”. Sin embargo, Guadalupe Ramos Ponce consideró que las autoridades estatales violaron los derechos humanos de la pequeña, aparte de que el MP abrió una investigación sobre abuso infantil cuando queda de manifiesto que se trató de una clara violación a una chica de nueve años, acusó. La activista también se quejo de la “tibia respuesta” del ombudsman de Jalisco.