TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Con 32 votos a favor, uno en contra y una abstención, el pleno del Congreso local aprobó esta tarde sancionar con hasta 15 años de prisión a quien vigile a los cuerpos de seguridad pública con fines de “halconeo”. En sesión extraordinaria, los diputados aprobaron la reforma al artículo 398 Bis del Código Penal del estado de Chiapas, que a la letra dice: “Se impondrá una pena de dos a 15 años y una multa de 200 a 400 días de salario mínimo a quien realice actos tendientes a obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o de sanción del delito o de la ejecución de penas, para obtener información sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores en general”. Añade: “Las penas señaladas en este artículo se aumentarán desde un tercio hasta una mitad más de la pena que le corresponda, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a 10 años para ocupar otro, cuando el delito sea cometido por servidores públicos o exservidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia”. De última hora se borró a la iniciativa la frase “a quien aceche, vigile o espíe a los cuerpos de seguridad pública”, y quedó: “a quien realice actos tendientes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública”. Antes de su aprobación en el pleno, prácticamente sin discusión de por medio, la reforma fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Justicia. La iniciativa enviada por el gobernador Manuel Velasco Coello es muy similar a las que se aprobaron en 2010 en Nuevo León y Veracruz, entidades asoladas por la delincuencia organizada. En dichos estados, las reformas relativas tenían un componente relacionado con el crimen organizado y se establecían las penalidades para quienes “espíen para la delincuencia”. De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa –que anteriormente fue enviada en dos ocasiones al Congreso local por el exgobernador Juan Sabines–, se busca proteger a los cuerpos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, así como a las instituciones militares que realizan sus labores cotidianas y extraordinarias, pero que tienen el inconveniente de ser vigilados por personas que se adelantan e informan a los delincuentes de las actividades programadas o por realizar. “A esta función se le denomina en el mundo delincuencial ‘halconeo’. La función de un halcón consiste en vigilar las actividades de personas o instituciones que amenacen la estabilidad de la organización criminal a la cual pertenece. Esta vigilancia consiste en recabar información referente a miembros de instituciones policiacas, ubicación y operativos policiacos que se realizan o realizaran”, puntualiza la reforma aprobada este lunes. La diputada Hortensia Zúñiga Torres, del PRD, fue la única que cuestionó dicha reforma al señalar que atentaba contra el derecho de la colectividad para vigilar y escrutar a los cuerpos policiacos estatales cuando algunos sean tentados por la corrupción. Según la legisladora, podría dar pie a malas interpretaciones por parte del Ministerio Público o del juez en contra de ciudadanos inocentes. Durante el sexenio de Sabines Guerrero, la iniciativa fue enviada en dos ocasiones al Poder Legislativo, pero no prosperó debido a que atentaba contra la libertad de expresión e información. En septiembre de 2009, por vez primera el gobernador chiapaneco envió su propuesta para reformar el artículo 222 del Código Penal del estado de Chiapas y agregar el delito de “acechanza” con una pena de dos y hasta siete años de prisión a aquellas personas que sigan, persigan, espíen u observen a escondidas a otra, o en su caso, siendo policías, éstos hagan lo propio sin tener una orden del juez. En aquella ocasión el entonces diputado local panista Carlos Pedrero Rodríguez, presidente del grupo parlamentario del PAN, señaló que la iniciativa buscaba dar certeza a los chiapanecos en el respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, días después, tras la crítica de medios, periodistas y abogados, ésta fue desechada. El 19 de diciembre de 2011, la oficina de Comunicación Social del gobierno de Chiapas dio a conocer que el Poder Ejecutivo había enviado al Legislativo, por segunda ocasión, una reforma de ley en la que se tipificaba la acechanza o vigilancia “a aquel que mantuviera una vigilancia física o visual de manera constante o repetida, sin orden de la autoridad competente, o a quien hostigara de manera intencional y continúa a través del envío repetido de comunicaciones verbales o escritas o por medios electrónicos”.