CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El alcalde priista Mario Moreno Arcos reconoció que en esta capital circulan al menos 150 taxis que carecen placas o permiso oficial y que han sido señalados de pertenecer a la delincuencia organizada. El también coordinador de ediles del PRI en la entidad, responsabilizó a las autoridades estatales encargadas de regular el transporte público de permitir que estas unidades vinculadas al narcotráfico circulen de manera irregular desde diciembre pasado. “La información que tengo es que entraron un promedio de 150 taxis, yo hablé con la gente de Transportes (Comisión Técnica de Transportes y Vialidad en el estado), para que nos dieran alguna explicación, cosa que no ha sucedido a la fecha”, acusó. Entrevistado esta tarde durante un recorrido de supervisión de obras en el centro de esta capital, Moreno Arcos rechazó que su actitud sea reflejo de la omisión e indolencia que ha caracterizado a las autoridades locales frente al tema de impunidad, inseguridad y violencia que persiste en la entidad. “Soy el alcalde pero no soy responsable de las concesiones (de transporte público), eso es función del gobierno estatal”, reviró el edil priísta al tiempo que señaló que esta capital no es ajena al clima de violencia e inseguridad que se vive en el país. Luego, el edil priista, integrante del grupo político del gobernador Ángel Aguirre, soltó: “Tampoco yo te puedo decir que voy a cerrar los ojos ante cuestiones como ésa. Estoy actuando pero por supuesto que no puedo agarrar y ponerme como Superman; Batman o El Llanero Solitario”. Desde diciembre, líderes transportistas de esta capital, como el perredista Apolinar Cegueda Dorantes, denunciaron públicamente que cerca de 200 ‘narcotaxis’ comenzaron a circular en esta ciudad. También reprocharon la indolencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Estas unidades se caracterizan por ser vehículos de reciente modelo; algunos de ellos circulan sin placas o portan placas particulares y se distinguen porque su numeración va del 500 al 600, señalaron los dirigentes transportistas. Incluso, algunos taxistas que laboran con autorización de las autoridades estatales han advertido que los choferes de las unidades irregulares comenzaron a realizar labores de vigilancia (‘halconeo’) para el narco, ahora están cometiendo crímenes contra los pasajeros, como robos, secuestros y violaciones sexuales de mujeres. Al respecto, el alcalde de Chilpancingo insistió en señalar que pidió a las autoridades estatales del Transporte Público información para que expliquen bajo qué condiciones están otorgando concesiones o permisos de taxis en esta capital. Aunque dijo que carece de información sobre ataques contra ciudadanos al interior de los narcotaxis, de todas formas va a implementar operativos “para ver cómo están circulando estas unidades”. El gobierno federal clasificó a Chilpancingo, Acapulco y José Azueta como los tres municipios de la entidad con mayor incidencia delictiva, por ello ayer se anunció que se destinarán 148.3 millones de pesos del Programa Nacional de Prevención Social y la Delincuencia. De los 25.9 millones que le corresponderán a Chilpancingo, el edil priista dijo que pretende invertirlos en obras para el rescate de espacios públicos y la implementación de proyectos productivos en las zonas consideradas de mayor inseguridad, ubicadas en la parte poniente y oriente de la capital, donde se encuentran las colonias que conforman el cinturón marginal de la ciudad.