MÉXICO, D.F. (apro).- Por unanimidad, el Senado de la República aprobó esta tarde las reformas a la Ley General de Víctimas, que ahora pasará a la cancha de la Cámara de Diputados para su discusión. Las reformas aprobadas, a las que los panistas intentaron incluir una veintena de modificaciones, principalmente en materia económica, satisfacen las peticiones de las organizaciones Causa Común, México SOS y Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, debido a que clarifican quiénes son los beneficiarios y establecen las obligaciones del Estado. No obstante, la organización Alto al Secuestro señaló que la Ley General de Víctimas aún requiere modificaciones para que cada entidad federativa aporte dinero para la atención a víctimas. Durante su intervención en tribuna, el senador perredista Alejandro Encinas dijo: “Espero que con esta iniciativa, con el dictamen de la ley que hoy vamos a aprobar, cerremos un ciclo tortuoso que ha seguido la legislación de víctimas desde su origen”. Los panistas, por su parte, mantuvieron los argumentos por los que el expresidente Felipe Calderón prácticamente vetó la ley el año pasado (cuando presentó una controversia constitucional después de su aprobación, en abril de 2012), pero que Enrique Peña Nieto desatoró al inicio de su mandato. A dos meses de haber sido promulgada, la norma no ha sido aplicada porque las propias organizaciones impulsoras pidieron modificaciones y por las posturas encontradas de los legisladores. En la sesión de este jueves, el panista y calderonista Roberto Gil Zuarth señaló: “Es una enorme irresponsabilidad publicar una ley a sabiendas que no era operativa y con el único propósito de lograr un aplauso de coyuntura, y es irresponsable volver a aplicar esa lógica de apresuramiento a sabiendas que dejamos en el camino muchos derechos y figuras importantes. Jamás nuestro Congreso había rehecho una ley a dos meses de su publicación”. Gil añadió que la ley promulgada por Peña no servía, y destacó la importancia de no tratar a “las víctimas como botín”. En respuesta, Encinas manifestó que el trato que se le dio a la ley durante el sexenio anterior fue degradante. “No comparto lo afirmado aquí por el presidente de la Comisión de Justicia, mi compañero Roberto Gil, de que la Cámara se está erigiendo, textualmente lo dijo, en ventanilla de tramitación de asuntos ajenos. Por el contrario, estamos abriendo un espacio para que los representantes y las víctimas presenten una iniciativa que refleja su preocupación y su sentir”. A su paso por el Senado, por votación unánime se aprobaron modificaciones y adiciones a los artículos 4°, 6°, 44, 120 y 144. Los integrantes de las Comisiones Unidas también aceptaron la modificación del artículo 79. Con las reformas se hace una distinción entre víctimas directas e indirectas (sus familiares) y potenciales, y se otorga identidad a las comunidades indígenas o grupos sociales, y también se reduce la estructura del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Hasta el final de la discusión, Gil Zuarth insistió en que nueve de cada 10 delitos corresponden al fuero común, y que corresponde atenderlos a las autoridades locales, a las que acusó de desentenderse de sus obligaciones hacia las víctimas para recurrir “al cómodo festín de la chequera federal”. Un día antes había señalado que las entidades con mayor violencia y que deben pagar por ello son Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Estado de México y Tamaulipas, gobernadas por el PRI. La propuesta panista intentaba impedir a las víctimas la posibilidad de acudir a otras instancias, fuera del sistema nacional, para exigir reparación del daño. En su oportunidad, el perredista Manuel Camacho Solís señaló que los senadores, en vez de avergonzarse, deben sentirse orgullosos por la aprobación de la legislación. “La Ley de Víctimas no es una ley más, no es un asunto más, es el tema más delicado y más importante del país, y lo que hoy aplaudimos, dentro de seis años nos va a ser reclamado. Dentro de seis años nos van a decir si acertamos o no acertamos”, dijo. Destacó que la ley ayudará a perfilar el fenómeno de la inseguridad y la violencia en el país, y lo que ocurrió en cada caso permitirá hacer una reflexión a fondo sobre los fallos de la política de seguridad. “Tendremos éxito con esta ley si abre la oportunidad de nuevas reformas para subsanar las fallas en nuestras instituciones que permitieron que esto ocurriera en nuestro país, y eso quiere decir más democracia y más estado de derecho. Es una ley civilizatoria y me parece también que debemos decirlo con toda claridad: el país necesita paz y reconciliación”.