MÉXICO, D.F. (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denunció la incapacidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y de las administraciones estatales para atender el incremento alarmante de la violencia hacia menores de edad y la falta de castigo para responsables de delitos graves, como el maltrato infantil  y homicidio. Al exigir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), la realización de un diagnóstico sobre la situación de la infancia en México, la organización no gubernamental ofreció datos que ilustran la gravedad del problema. En 2011, el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) registró  entre la población de 10 a 17 años,  721 suicidios y mil 302 homicidios; en tanto que en ese año se presentaron 21 mil 31 denuncias de maltrato infantil, de las cuales sólo mil 666 (7.9% del total), fueron procesadas por el Ministerio Público En un comunicado, el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez, detalló que de acuerdo con el Sinais, 34.6% de los menores que recurrieron al suicidio en 2011 (249), tenían entre 10 y 14 años de edad. En cuanto a los homicidios, de los más de mil víctimas reportadas ese mismo año, 235 del total, es decir 22.7%, tenían entre 10 y 14 años, en tanto que en 60% de las muertes de los menores se utilizaron armas de fuego. En cuanto al maltrato infantil, la Redim explicó que existe un “subregistro de los gobiernos estatales, ya que 16 de 32 entidades dejaron de reportar esta información”. A pesar del ocultamiento de información, continuó, “en 2011 se recibieron 21 mil 31 denuncias de maltrato infantil, de los cuales se comprobaron 14 mil 289 casos y sólo mil 666 fueron presentados ante el Ministerio Público”. En el comunicado, la Redim recordó que “el clima de violencia que se vive en el país es factor clave en el incremento de las expresiones de violencia hacia la infancia y la adolescencia”. Pese a la alerta, “el Estado mexicano aún no ha tomado medidas contundentes y coordinadas que permitan conocer, prevenir y reducir las formas de violencia”, puntualizó la Redim. El organismo acusó una especial indiferencia del tema por parte de la Secretaría de Gobernación, dependencia que hasta ahora no ha dado respuesta al exhorto que en febrero pasado realizó la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados a la Conapred para que “realice un diagnóstico nacional sobre la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en México”. Dicho ejercicio, agregó tendría como fin “brindar información sobre datos oficiales y programas públicos en la materia que aporten insumos para la creación de un programa nacional para atender la violencia hacia la infancia”. El llamado de la Cámara de Diputados según la Conapred tiene como objetivo el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano, como las recomendaciones que surgieron del “Estudio de las Naciones Unidas sobre a violencia contra los niños”, elaboradas bajo disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos. En su comunicado la Redim hace un llamado “al gobierno federal y a los gobiernos estatales a cumplir con la responsabilidad constitucional de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, especialmente a tener una vida libre de violencia”. Para ello, la organización recomendó la realización del diagnóstico solicitado por la Cámara de Diputados, la propia Redim y organismos internacionales;  incluir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) una “estrategia exhaustiva para prevenir y responder a toda forma de violencia; coordinada por un alto administrador de alto nivel, con recursos humanos y financieros suficientes” así como legislar en los estados para prohibir toda forma de violencia contra menores. Otras recomendaciones que hace la Redim son crear una base de datos y un programa de investigación sobre la violencia contra los menores y avanzar en la “construcción del Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia, entendido como la articulación de los sistemas de asistencia, educación, salud, desarrollo social y de justicia a través de políticas públicas, programas e instituciones que atienden a la niñez”.