Detienen por fraude al casinero Alfredo Moreno Quijano

lunes, 4 de marzo de 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- Alfredo Moreno Quijano, principal accionista de Exitig Games, una de las dos empresas a las que el gobierno de Felipe Calderón dio permiso para operar casinos horas antes de concluir el sexenio, fue detenido por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por su presunta responsabilidad en el delito de fraude. En lo que es un nuevo escándalo en el caso de los casinos, que involucra directamente a Calderón y a su último secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y otros funcionarios que fueron demandados ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría capitalina capturó a Moreno Quijano, quien estaba prófugo desde que, en octubre, el juez 37 penal del Distrito Federal emitió en su contra una orden de aprehensión por fraude genérico. La acusación de fraude la hizo Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Arturo y Juan José Rojas Cardona –el segundo conocido como “El rey de los casinos”--, y la detención se cumplimentó el viernes pasado contra Alfredo Moreno Quijano, presidente del Consejo de Gerentes de Exciting Games, cuyo hermano José Ramón es director general de Exciting Games, a su vez esposo de la exdiputada federal del Partido Verde Adriana Sarur Torre, quien ha trabajado para TV Azteca y fue parte del grupo de legisladores pertenecientes a la “telebancada”. Cuando el semanario Proceso reveló, el 15 de diciembre anterior, que Calderón había otorgado dos permisos para operar casi cien centros de apuestas, informó también que los beneficiarios estaban involucrados en conductas delincuenciales y, aún así, el gobierno otorgó los permisos. En la denuncia que los Rojas Cardona presentaron contra Poiré y otros funcionarios de Calderón aluden a que Exciting Games dejó de ser operadora de casinos desde septiembre de 2010, “en razón del ilegal manejo económico que realizaba esa empresa y dejando de pagar los porcentajes correspondientes de operación a Entretenimiento de México”. La otra empresa operadora, a la que el gobierno de Calderón otorgó permiso, es Producciones Móviles y también dejó de ser operadora de Emex, desde enero de 2011, “entre otras razones por el mal control de legalidad con que se desenvolvía esa persona moral, incluyendo el de mantener entre sus socios a personas relacionadas con la delincuencia organizada, como oportunamente se hizo saber a la Secretaría de Gobernación, como se acredita con el contrato de operación y su correspondiente convenio de terminación, además con el escrito dirigido a la Secretaría de Gobernación, informando la circunstancia planteada en relación a la delincuencia organizada”. En efecto, como publicó Proceso, Arturo Rojas Cardona informó a la Secretaría de Gobernación del caso de Lino Armando Vázquez Mata, expresidente del Consejo de Administración de Producciones Móviles, que siguió ostentándose como operadora de Emex y hasta la Secretaría de Gobernación le autorizó la apertura de un casino en Querétaro. Según el escrito, Rojas Cardona advirtió de violaciones a la ley, “toda vez que el señor Lino Armando Vázquez (anterior socio y representante) se encuentra relacionado con la delincuencia organizada, ya que se encuentra detenido por narcotráfico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo cual afecta a la permisionaria en sus intereses, pues la Segob solapa y aun mantiene como operador a un delincuente, a pesar de ser una sanción grave”. Los hermanos Rojas Cardona solicitan a la PGR investigar “las dos conductas delictivas”: El otorgamiento del permiso a Exciting Games y a Producciones Móviles, y el otorgamiento de derechos y prerrogativas que son exclusivas de Emex. Y concluye con la sospecha de que hay manejo de dinero sucio: “Independientemente del delito que pudiera versar sobre la indebida autorización de carácter económico que otorgaron los servidores públicos denunciados, y de las empresas, sus representantes, accionistas o apoderados que solicitaron las autorizaciones indebidas planteadas, solicito se investigue la utilización de recursos de procedencia ilícita de los probables responsables.”  

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