MÉXICO, D.F. (apro).- Defensoras de derechos humanos denunciaron la falta de garantías para ejercer su labor, expresada en el incremento de agresiones contra activistas en todo el país, entre ellas homicidio y desapariciones forzadas. En conferencia de prensa con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las defensoras pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto respaldar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante el intento de reformas que intentan debilitar a sus órganos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Marusia López, de Asociadas por lo Justo, ofreció cifras que evidencian el grado de violencia a la que se ven expuestas las mujeres defensoras: de 2009 a 2011, dijo, 26 defensoras fueron asesinadas y cuatro desaparecidas. En 2012, agregó, se registraron 64 agresiones, entre ellas difamación, amenazas, lesiones y hostigamientos. De acuerdo con López, las defensoras que están expuestas a violaciones a sus derechos humanos son, sobre todo, aquellas que denuncian abusos cometidos por miembros del Ejército Mexicano, así como las involucradas en la defensa del territorio frente a megaproyectos o la extracción de minerales, o bien la instalación de proyectos eólicos, casos registrados sobre todo en Oaxaca. En la lista de riesgos también están las defensoras de casos de feminicidio, sobre todo aquellas que reclaman la falta de investigación, además de las que enfocan su trabajo en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos últimos casos de violencia a defensoras se han registrado en Guanajuato y Jalisco, abundó la activista. Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me pháa (OPIM), denunció que a pesar de contar con medidas preventivas dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) desde 2009, las amenazas de muerte en su contra no cesan. La última de ellas ocurrió el 5 de febrero pasado, detalló. Por su parte, Eugenio Manuel atribuye las amenazas en su contra a la oposición que desde 1998 encabeza la OPIM contra la militarización en la región indígena de Ayutla, Guerrero, y por la exigencia del cumplimiento de las sentencias de la CoIDH en los casos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, violadas por miembros del Ejército mexicano en 2002. “¿De qué sirve celebrar el Día Internacional de la Mujer (el próximo 8 de marzo) si no sabemos cuándo nos van a matar?”, preguntó Obtilia, quien denunció que hasta ahora ninguna de las más de 15 denuncias penales que han interpuesto los miembros de la OPIM por diversos agravios, entre ellos homicidios de defensores indígenas, han sido resueltas. Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, manifestó que además de las amenazas que han obligado a defensoras a exiliarse, así como los casos de violencia extrema, entre ellos el asesinato de Josefina Reyes, “hay una estrategia de desprestigiar el trabajo de quienes buscamos justicia en los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres”. Explicó que las campañas de difamación están en su apogeo, en momentos en que el incremento de feminicidios ha rebasado de forma preocupante los niveles registrados hace 20 años, cuando se dio la alarma de los crímenes de género. En nombre de decenas de organizaciones sociales, las defensoras anunciaron su adhesión a la Iniciativa de Mujeres Nobel, firmada por mujeres lauredas con el premio y promovida por el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (Cejil), que ha solicitado a gobiernos de los países de América impedir el debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), resaltó la importancia de fortalecer los mecanismos de derechos humanos que han permitido impulsar reformas legislativas de conformidad con los derechos humanos de las mujeres, y el establecimiento de políticas públicas que eviten la repetición de las violaciones a derechos humanos en apego a lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. A su vez, Cristina Hardaga señaló que el riesgo de que se debilite el Sistema Interamericano impacta también en las mujeres defensoras, ya que la CIDH ha dictado a favor de ellas medidas cautelares que permiten que realicen su trabajo considerando sus características específicas. En ese sentido, Gabriel Soto, director de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), abundó que por la naturaleza de las mujeres defensoras, que generalmente son madres de familia, cuando es necesario sacarlas de su lugar de origen por seguridad, se requiere que vaya con ella toda su parentela, situación que no está contemplada en los instrumentos locales, pero que es posible a través de un ordenamiento de la Comisión o la Corte Interamericana. Soto explicó que para los defensores es urgente mantener vigentes los instrumentos del sistema de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), dado el nivel de riesgo que enfrentan día a día, y reveló que de acuerdo con reportes de la CDHDF, en el primer bimestre de 2013, 32 activistas reportaron agresiones, cifra cinco veces mayor a los registros del primer bimestre del año pasado.