Elba Esther y coacusados apelan el auto de formal prisión
MÉXICO, D.F. (apro).- Elba Esther Gordillo y dos de sus coacusados apelaron este jueves el auto de formal prisión dictado en su contra la noche del lunes 4, acusados de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La defensa de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acudió la mañana del jueves al reclusorio Oriente para presentar el recurso de apelación ante el juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales del Distrito Federal, donde está sujeta a proceso penal.
Isaías Gallardo Chávez y Juan Manuel Díaz Flores también impugnaron la formal prisión dictada por el juez Sexto Alejandro Caballero Vertiz. Será un Tribunal Unitario el que resuelva las apelaciones.
De acuerdo con el artículo 383 del Código Federal de Procedimientos Penales, el tribunal de apelación debe dar a conocer su fallo a más tardar en ocho días, aunque no siempre es así por las cargas de trabajo de los juzgados.
El entorno de la maestra también continúa con su estrategia de defensa. Su exesposo, Francisco Arriola Urbina, promovió otra solicitud de amparo luego de que dos jueces de distrito de Jalisco y del Distrito Federal se declararan incompetentes.
Responsable del manejo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de una de las cuentas de donde se triangularon recursos a favor de Gordillo, Arriola Urbina acudió esta vez al Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo del Distrito Federal.
Arriola promovió el amparo el miércoles 6 en cuanto se conoció la declaración de incompetencia de los juzgadores. El titular del Juzgado Décimo, Gilberto Romero Guzmán, admitió a trámite el recurso, pero sin dictar aún un pronunciamiento definitivo, según la lista de acuerdos publicada en la página del Consejo de la Judicatura Federal.
Además de Arriola, el exyerno de la maestra René Fujiwara Apodaca y la exdiputada del Partido Nueva Alianza (Panal) Silvia Luna Rodríguez están en busca de un amparo contra una posible acción en su contra por la Procuraduría General de la República.