Pide Amnistía seguridad para activistas y periodistas en Oaxaca

lunes, 1 de abril de 2013
MÉXICO, D. F. (apro).- Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por la seguridad de activistas y periodistas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, detenidos de manera arbitraria, intimidados y amenazados de muerte, por lo que exigió a las autoridades federales y estatales garantizar su seguridad. En un comunicado, el organismo destacó el caso del activista y locutor de una radio comunitaria, Filiberto Vicente Aquino, quien el pasado 20 de marzo fue amenazado de muerte después de “cubrir” una conferencia de prensa de los opositores a la construcción del parque eólico cerca de San Mateo del Mar. “Tras cubrir la conferencia, Vicente Aquino recibió una llamada en la cual se le dijo: ‘El gobierno ya no quiere personas como tú, yo ya tengo órdenes expresas de acabar contigo y con tu familia’”, señaló AI en su comunicado Al día siguiente, policías municipales acompañados de personas no identificadas detuvieron a seis periodistas: Rosa Rojas, Francisco Olvera, David Henestrosa, Ignacio Garrido, Karina Martínez y Eliseo Ramírez. Fueron liberados horas después. El 18 de marzo habían sido detenidos durante unas horas activistas de la comunidad cuando hacían campaña contra la construcción del parque eólico. Ya se presentaron denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Oaxaca por estos incidentes. “Amnistía Internacional llama a las autoridades a garantizar la seguridad de Filiberto Vicente Aquino, así como de los activistas y periodistas que fueron detenidos arbitrariamente. Asimismo la organización recuerda a las autoridades que es su deber tomar todas las acciones necesarias para asegurar que quienes se dedican a informar en la región y quienes han decidido manifestarse abiertamente en contra de la construcción de parques eólicos en la región, puedan hacerlo sin temor a ser víctimas de represalias”. Además, consideró necesario que se cumpla con la suspensión del parque eólico y que las obras sólo se reanuden una vez se cuente con consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas.

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