MÉXICO, D.F. (apro).- Una docena de exservidores públicos más vinculados con la construcción del monumento Estela de Luz serán sentados en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y ejercicio indebido del servicio público, luego de que un tribunal federal revocó el fallo del juez décimo cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales, Rubén Darío Noguera Gregoire, quien se negó a liberar las órdenes de aprehensión respectivas por la debilidad de las acusaciones formuladas en 2011 por la Procuraduría General de la República (PGR). Según una nota difundida este jueves por el diario Reforma, uno de los periódicos que ha mantenido un escrupuloso seguimiento del caso, dado que los cargos no están tipificados como graves los exfuncionarios implicados en este asunto podrían enfrentar el proceso penal en su contra en libertad mediante el pago de una fianza. A tres años de la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación, el magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal del DF, Enrique Escobar Ángeles, giró las órdenes de captura contra 11 exservidores públicos de iii Servicios, empresa subsidiaria de Pemex encargada del proyecto, y uno de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Se trata de Domitilo Barragán Álvarez, exgerente jurídico; Juan Ricardo Díaz Ortega, exsubgerente de Construcción, y Bernardo Garza Garza, gerente comercial; Mario Javier Rodríguez González, exgerente administrativo y de Mantenimiento Inmobiliario; Ricardo Morales Jaramillo, exgerente de Administración y Finanzas, y Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, exsubgerente de Concursos; Erick Treviño Lartundo, exsubgerente de Evaluación, Estadística y Mejora; Ricardo Olivares Correa, exsubgerente de Contabilidad y Presupuesto, y Sergio Salas Arellano, excoordinador de Mantenimiento Zona Centro. Por ejercicio indebido del servicio público se libraron las capturas contra Aarón Vázquez Figueroa y Rubén Enrique Arenal Alonso, exsubgerentes jurídicos de iii Servicios, al igual que contra Ernesto Villaseñor García, extitular del Órgano Interno de Control de la empresa, el cual depende de la SFP. Los primeros nueve exfuncionarios fueron acusados por la PGR de contratar la obra sin licitación a Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. y Gutsa Infraestructura, y también por presuntas autorizaciones de contenido económico para cubrir sobreprecios. Lo anterior deriva de que los contratos a dichas constructoras se adjudicaron mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y porque el proyecto inicial se tenía contemplado en 339 millones 215 mil pesos y terminó costando más de mil millones. A los tres funcionarios restantes se les relaciona con la supervisión ilegal de la obra, una labor para la que contrataron a la empresa Fonatur Constructora en un convenio que también aumentó de 3 millones 968 mil pesos a 10 millones 56 mil pesos. Hasta ahora, ninguno de los exservidores públicos se encuentra detenido.