TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó hoy ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la reforma que penaliza el “halconeo” en la entidad porque, a su juicio, viola garantías constitucionales. Paralelamente, periodistas y ciudadanos, apoyados por la organización Artículo 19, interpusieron un recurso de amparo contra la misma disposición. La CDNH dio a conocer que el jueves pasado pidió a la Suprema Corte invalidar la reforma penal aprobada el pasado 7 de marzo por el Congreso local y publicada en el Periódico Oficial el 11 del mismo mes. La iniciativa fue enviada por el gobernador Manuel Velasco Coello. La sanción contra el “halconeo” está prevista en el artículo 398 bis, que dice a la letra: “Se impondrá una pena de dos a 15 años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario mínimo a quien realice actos tendientes a obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito, o la ejecución de penas sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores, en general”. Según la agrupación Artículo 19, la descripción del delito viola el principio de legalidad, ya que al tener una redacción vaga confiere discrecionalidad en su aplicación que sirve para restringir el derecho de acceso a la información y libertad de expresión. Recordó que el uso de frases como “realice actos tendientes para obtener información” y palabras como “ubicación”, “actividades” o “labores”, incumplen con la obligación de emitir normas formuladas con la precisión suficiente para que una persona pueda regular su comportamiento conforme a ella, así como la de proporcionar suficientes orientaciones a los encargados de su ejecución para distinguir cuáles conductas pueden restringirse válidamente y cuáles no. El abogado Abraham Gómez José, que promovió el recurso en representación de los periodistas y ciudadanos, llevó al Poder Judicial de la Federación (PJF) la solicitud del recurso de amparo de esa instancia para echar abajo la reforma penal que, alegó, contraviene los postulados de libertad de expresión y de información en la entidad.